Los alcaldes de Concepción y Coronel presentaron un recurso de protección en contra del ministerio del interior, responsable de la seguridad pública, por vulneración de derechos fundamentales. Señalaron que sus comunas han estado a merced de la delincuencia.
Cansados de ver cómo se destruye la ciudad y de la inacción de las autoridades, un grupo de personas increpó al alcalde e Concepción y su equipo municipal cuando visitaban la zona afectada por el incendio de la galería Adahui.
Le recriminaron a Alvaro Ortiz no haber estado presente cuando se le ha necesitado, cuando la destrucción se ha tomado el centro de la ciudad. Entre ellos, Juan Alvarez, cuya oficina jurídica de 240 metros cuadrados en calle Anibal Pinto quedó completamente destruida.
El jefe comunal tuvo que salir de ese lugar apuntado como uno de los responsables de no poner freno a la violencia y se refugió en el municipio. Más tarde, concurrió a tribunales a ingresar un recurso de protección en contra del Ministerio del Interior por vulneración de garantías constitucionales. Dijo que el gobernador y el intendente, responsables de la seguridad, deben ponerse los pantalones e ironizó con el tema de los adocretos que según la intendencia, sería uno de los problemas.
La acción legal fue presentada también por el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien reiteró que en su comuna se vivieron nuevamente hechos extremadamente violentos en las últimas horas y que es el gobierno el que debe hacerse cargo.
El recurso de protección en contra del Ministerio del Interior por vulneración del derecho a la integridad física y síquica de las personas, derecho al trabajo, a vivir en medio ambiente libre de contaminación, y a la actividad económica, también fue firmado por las Cámaras de Comercio de Concepción y Coronel.
La drigenta Sara Cepeda, dijo que si el descontrol continúa, en diciembre la situación será insostenible.
El alcalde de Concepción enumeró todas las acciones en los administrativo y judicial que ha emprendido el municipio desde el 20 de octubre. entre ellas la petición en dos oportunidades del establecimiento de un perímetro de seguridad en el centro, para que el lumpen no ingrese por las tardes a causar destrucción.
Recordó la presentación de una querella contra detenidos por destrucción de espacios públicos cuando el avalúo de los daños era de 600 millones de pesos, y que ahora ya se eleva a mil 600 millones.