Tal como lo había adelantado, hasta la Contraloría Regional llegó el concejal Miguel Aravena para pedir un pronunciamiento del organismo en relación a la transacción propuesta por la alcaldesa Katherine Torres y que fue aprobada por la mayoría de los ediles, excepto el voto en contra de Aravena.

La duda del concejal es que por tratarse de deudas previsionales por mil 500 millones de pesos éstas deberían ser canceladas a las AFP y no directamente a los ex trabajadores, como es lo que se acordó entre el abogado de la Municipalidad de Hualpén y el abogado de los demandantes, Braulio Engelberger.