El presidente del Parlamento de El Salvador, Mario Ponce, condenó en nombre de todos los parlamentarios, incluidos los del partido oficialista Gran Alianza para la Unidad Nacional el “intento de golpe” de Estado encabezado por el presidente del país, Nayib Bukele, quien irrumpió en la sede del Parlamento el domingo con militares y policías con fusiles de asalto.

“Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa”, dijo Ponce, tras sostener una reunión con los líderes de cada partido político que integran el Congreso.

“La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, por unanimidad, rechaza y condena enérgicamente la invasión de que fuera víctima el día domingo 9 de febrero”, añadió Ponce.

Ese día, el mandatario llegó al Congreso acompañado por personal fuertemente armado para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular. Bukele, posteriormente, dio una semana al Parlamento para que apruebe la iniciativa.

Los hechos han sido considerados de extrema gravedad por los parlamentarios y también por la Corte Suprema, cuya Sala de lo Constitucional ordenó al presidente “abstenerse de usar a la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales”.

Asimismo, ordenó al Ministerio de Defensa y a la Policía a ceñirse a cumplir las actividades que les mandata la Constitución. Ponce, en tanto, llamó al fiscal general, Raúl Melara, a investigar dicha acción y señaló que la actuación del representante del Ministerio Público, a su juicio, ha sido “pasiva”.

También lamentó la que calificó como “tibia y sesgada reacción” del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El gabinete de Bukele convocó el domingo a una sesión extraordinaria para votar un préstamo de 109 millones de dólares para planes de seguridad. El Ejecutivo requiere de estos fondos para la compra de equipamiento del Ejército y la Policía y que es clave para mantener en marcha un plan en contra de las violentas pandillas.