Un hombre de 24 años arriesga hasta 5 años de prisión en Argentina por haber contagiado a 20 personas durante la fiesta de 15 años de su prima, en la que participó tras volver de EEUU e infringir la cuarentena obligatorio. Entre los invitados a la fiesta estaba el abuelo del joven, quien finalmente murió de Covid-19.
Se trata de Eric Luciano Torales, quien fue considerado por procesado este lunes como autor del delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa culposa agravada por el resultado enfermedad y muerte“.
El juez del caso procesó a Torales y lo embargó por 50 millones de pesos (625 millones de moneda chilena), pero no lo acusó de homicidio culposo, sino de violar el artículo 203 del Código que rige sobre la pandemia con el agravante de la muerte de su abuelo y la enfermedad de los otros contagiados, y con una posible pena de hasta cinco años de cárcel.
Además, el juez no le aplicó la prisión preventiva, dispuso su libertad y le exigió entregar su pasaporte.
El hecho que se le acusa al joven es haber regresado el 13 de marzo pasado de un viaje de los Estados Unidos y haber asistido al día siguiente a la fiesta de 15 años de su prima, pese al decreto presidencial que obligaba a guardar una cuarentena de 14 días para quienes regresaban de países de riesgo ante la pandemia del coronavirus.
La fiesta se realizó en el salón de eventos “Alma de Hornero” de la localidad bonaerense de La Reja, con la presencia un centenar de invitados.
Torales fue internado luego en una clínica porteña con diagnóstico positivo de Covid-19 y uno de los contagiados fue el abuelo del propio joven, un jubilado de 71 años que ya tenía patologías previas como hipertensión y diabetes.
Tras esto, la municipalidad de Moreno presentó una denuncia penal y luego se confirmó que unas 20 personas que habían asistido a la fiesta se contagiaron de coronavirus.
A pesar de los cargos, a mitad de abril el joven se negó a declarar en lo que fue la primera indagatoria por “homicidio culposo” en el marco de la pandemia en el país. La medida judicial fue realizada a través del sistema de videoconferencia ante el juez federal de Morón Néstor Barral y el fiscal federal Santiago Marquevich.
Torales Pereyra, quien se encontraba con prisión domiciliaria en su casa del barrio porteño de Palermo, se negó a contestar preguntas y se remitió a un escrito que había presentado su abogado Guillermo Tiscornia, que también participó de la videollamada.
Para la fiscalía, Torales Pereyra era plenamente consciente de que venía de una zona de riesgo y debía permanecer aislado, que podía ser portador del virus y sabía de las posibilidades de contagiar a otras personas.
La hipótesis fiscal se respalda en elementos recabados durante la investigación como una declaración jurada del imputado firmada antes de bajar del avión que lo trajo de regreso e imágenes en las que se le vio con barbijo al llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza.