Este martes el Gobierno ratificó que no firmará el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” conocido como el “Acuerdo de Escazú”.

El tratado considera principios como la información ambiental, la participación de todos los involucrados en la toma de decisiones, y dar protección a defensores ambientales. El pacto entrará en vigencia el 26 de septiembre.

Previamente, el canciller Ándres Allamand había dadoa conocer la postura negativa del Gobierno para subscribir al acuerdo afirmando que “es inconveniente para Chile”.

Dentro de los planteamientos del Gobiernos para no subscribirse, está que “el Tratado no entrará en vigencia hasta que consiga la ratificación de al menos 11 países de América latina y el Caribe, situación que, a la fecha, aún no se materializa”.

“Desde un punto de vista técnico, el Acuerdo contiene normas que, conforme a su tenor literal, podrían ser eventualmente interpretadas como auto ejecutables, y otras que, pese a contemplar reenvíos a la legislación doméstica, generan o podrían generar 2 debate sobre su aplicación en virtud del control de convencionalidad. En efecto la aplicación de los principios, definiciones y disposiciones generales del Acuerdo sumado a su carácter supra legal, abre una incertidumbre grave respecto a la normativa de fondo aplicable”, señala el documento dado a conocer esta jornada.

Así, se indicó que “expone al país a demandas ante Tribunales Internacionales por problemas de interpretación de estas nuevas regulaciones. Finalmente, hay que agregar que el Tratado no admite reservas y que establece diversas obligaciones ambiguas para el Estado de muy compleja implementación.”

De esta forma, justificaron su decisión con 4 puntos:

(i) El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental.
(ii) El Acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica.
(iii) El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.
(iv) El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.

Asimismo, afirman que se trata de “la última oportunidad que tiene este gobierno de demostrar su compromiso en la defensa de los derechos a la participación de la ciudadanía y liderazgo internacional en la crisis climática y ecológica”.

Durante este martes, el presidente Sebastián Piñera dio un discurso en la 75° Asamblea General de la ONU. Dentro de los temas que tocó, se refirió a la situación medio ambiental del mundo, poniendo especial énfasis en el cambio climático y como es un deber mundial hacer frente a éste, refiriéndose al derretimiento de los glaciares y a la labor de Chile en esta materia, asegurando que el país es uno de los pioneros en la región en tomar medidas con un foco ambiental.