Se trata del pago de las prestaciones de hemodiálisis de enero, febrero y marzo, a nivel nacional con 160 entidades acreditadas, debido a que Contraloría no ha tomado razón de nuevos contratos con los prestadores.

De esta manera, la continuidad de las operaciones está en riesgo y también la vida de los pacientes, como lo indica Miguel Vargas, representante de Chile ante la Organización internacional Latinoamericana de Pacientes Trasplantados y Dializados.