La Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la región del Biobío informó que este miércoles realizarán un paro de advertencia acusando problemas administrativos y de gestión.
Según argumentan los movilizados, la medida es en contra a la contratación de operadores políticos con cargo a la Corporación, el no pago de reajuste 2023 a sus funcionarios, la mala gestión financiera y presupuestaria de la CAJ, la deficiente defensa de los intereses del servicio en tribunales, que se ha traducido en la contestación de demandas fuera de plazo y la incomparecencia a audiencias, lo que se traduciría en la eventual perdida de juicios que significarían cuantiosos desembolsos para el erario fiscal.
Añaden que a más de un año de vacancia de la Dirección General, aún no llama a concurso para proveer la plaza. Lo mismo ocurre con cerca del 10 % de la planta total del servicio, que pese a la insistencia de los trabajadores aún no son concursados. Situaciones que, entre otras, estarían entorpeciendo el funcionamiento operativo de la CAJ.
“Estamos desde hace meses llamando la atención de la presidenta del Consejo Directivo, la seremi de Justicia de Biobío (Claudia Soto), para que se tomen medidas concretas, que se hagan cargo de estas precariedades, sin que se implementen soluciones efectivas, esperamos que la cartera de Justicia, tome cartas en el asunto”, señaló el presidente de la Afun Caj Biobío, Marcelo Inostroza.
Apuntan a inacción de seremi Soto
El quiebre de relaciones entre el gremio y la seremi Soto se da luego de que el Consejo Directivo, presidido por esta misma autoridad, decidiera dejar sin efecto el aviso de término de contrato a contar del 31 de diciembre de 2023, dispuesto por la Dirección General de la Corporación, respecto del jefe de gabinete de la seremi, manteniendo la desvinculación de al menos 8 trabajadores, cuyos contratos también vencían en la misma fecha, pero que realizaban labores técnicas en la administración de la CAJ.
“Lamentamos, que en un periodo en que hemos alcanzado importantes avances y entendimientos con la autoridad central, en nuestra región no se dé ese correlato. Por primera vez tenemos un proyecto de ley que, de aprobarse, en el Congreso, puede cambiarle la cara a la Corporación, pero esta cuestión puntual que se da en Biobío, empaña los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio, para avanzar en más y mejor justicia” enfatizo el representante de los trabajadores.
Por último, Inostroza enfatizó que se están tomando todas las medidas para evitar que la paralización perjudique a sus usuarios: “Queremos dejar claro que nuestros abogados van a asistir a todas las audiencias, presentarán todos los escritos de plazo y solo reagendaran aquellas entrevistas y gestiones no urgentes. No vamos a vulnerar el esfuerzo de la gente que con esfuerzo llega a nuestras oficinas. Esto no es contra las personas, es para que ellos mismos tengan acceso a un mejor servicio”, explicó el presidente del gremio.
La Asociación de Funcionarios busca la atención de las autoridades y la opinión pública para abordar estos nudos críticos y garantizar un funcionamiento adecuado de la Institución. El paro de advertencia pretende lograr pronta resolución de estas problemáticas.