Una serie de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples deficiencias en la gestión de seguridad pública en 12 municipalidades del país, ocho de la región Metropolitana y cuatro de la región del Bío Bío.
Los hallazgos quedaron consignados en 12 informes de fiscalización, elaborados por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades y la Contraloría Regional del Bío Bío.
Entre las principales observaciones se identificaron cámaras de vigilancia fuera de servicio, equipos sin uso, falta de seguimiento a los planes comunales de seguridad, incumplimiento de recomendaciones policiales y contrataciones sin respaldo técnico.
A raíz de estas irregularidades, el organismo contralor instruyó medidas correctivas, regularización de procedimientos administrativos e inicio de sumarios en algunos municipios.
Cámaras inoperativas y dron sin autorización
En San Joaquín, el informe final N°688 de 2025 detectó deficiencias en el sistema de televigilancia comunal. Entre ellas, siete cámaras fuera de servicio durante meses —algunas por más de un año— y 12 cámaras lectoras de patentes sin conexión al sistema de búsqueda de vehículos.
Además, se constató que un dron municipal fue operado en 31 ocasiones sin autorización de la autoridad aeronáutica, mientras que el Consejo Comunal de Seguridad Pública no realizó seguimiento al Plan de Seguridad 2023-2027.
En San Bernardo, el informe N°584 de 2025 detectó tablets sin utilizar y otras extraviadas, además de multas que no fueron aplicadas en un proceso de licitación.
La auditoría también evidenció vehículos de seguridad sin operar, falta de patrullajes preventivos permanentes y equipos como bicicletas y un dron adquiridos para labores de vigilancia que permanecían sin uso.
Contrataciones sin respaldo técnico
En Lo Prado, el informe N°433 de 2025 reveló incumplimientos normativos en el municipio. Entre ellos, la no remisión del Plan Comunal de Seguridad a las autoridades competentes y licitaciones adjudicadas mediante certificados sin firma ni fecha, por más de $10 millones.
Asimismo, se detectaron contrataciones directas por más de $29 millones sin términos de referencia ni especificaciones técnicas.
El informe N°743 de 2025 sobre Alhué identificó problemas en la adjudicación de una licitación para la compra de cámaras financiadas con recursos FNDR.
La CGR advirtió falta de respaldo en la asignación de puntajes y en los criterios de evaluación, lo que derivó en la contratación de la oferta más costosa, además de ausencia de multas por incumplimientos del proveedor.
Falta de control del comercio ambulante
En Lo Espejo, el informe N°414 detectó retrasos en el envío del Plan Comunal de Seguridad Pública y ausencia de seguimiento por parte del consejo comunal.
Además, se constató que el municipio no cuenta con ordenanzas para regular el comercio ambulante ni con procedimientos para recuperar espacios públicos ocupados.
El informe N°271 de 2025 sobre La Cisterna evidenció debilidades en la gestión de seguridad municipal, como 12 motocicletas inutilizadas por falta de mantenimiento y vehículos con revisión técnica vencida.
También se detectó falta de respaldo en la entrega de vestuario institucional por más de $5 millones y ausencia de una base de datos actualizada sobre delitos en la comuna.
Cámaras fuera de servicio por meses
En Maipú, el informe N°171 de 2025 reveló que 29 cámaras de vigilancia permanecieron fuera de servicio durante largos periodos en 2024, incluso una de ellas estuvo 302 días sin funcionar.
La auditoría también detectó falta de registros que respalden patrullajes municipales y ausencia de evidencia sobre operativos relacionados con personas en situación de calle o campamentos.
En San Miguel, el informe N°648 detectó que el municipio otorgó 18 permisos precarios para comercio ambulante sin cumplir requisitos, además de 43 permisos sin autorización y 11 sin solicitud formal.
La entidad tampoco entregó actas de decomiso en 22 casos, ni acreditó el destino de especies incautadas.
Deficiencias en cámaras y monitoreo en el Bío Bío
En el caso de Concepción, el informe N°461 de la Contraloría Regional del Biobío reveló que solo el 55% de las cámaras municipales está conectado al sistema de Carabineros, además de dispositivos sin uso desde 2024.
Asimismo, 18 cámaras instaladas en galerías del centro —financiadas con más de $54 millones— no se encuentran operativas por problemas de conexión.
En Tomé, el informe N°451 detectó sobrecarga de monitoreo, ya que cada funcionario debe observar en promedio 54,5 cámaras, cifra superior a lo recomendado por Carabineros.
En Coronel, el informe N°619 constató que 78 de 132 cámaras no cuentan con contrato de mantenimiento vigente y que la central de monitoreo opera con un solo funcionario por turno, encargado de revisar todas las cámaras.
Finalmente, en Talcahuano, el informe N°35 de 2025 reveló que 50 de las 64 cámaras instaladas estaban fuera de servicio, de las cuales 18 llevaban más de un año inoperativas.
Además, entre 2023 y 2025 65 solicitudes de revisión de cámaras realizadas por instituciones policiales y judiciales no pudieron entregar material útil, debido a fallas técnicas o equipos sin funcionamiento.
