En medio de la crisis de seguridad en el Norte Grande de Chile, caracterizada por el aumento de los delitos violentos, el crimen organizado y la migración irregular, el Gobierno Regional de Antofagasta junto a la anterior Delegación Presidencial Regional de Antofagasta decidieron abrir una licitación para un sofisticado proyecto de cámaras de televigilancia. Este buscaba instalar 1245 cámaras con IA –capaces de leer matrículas, identificar rostros, entre otros–, 15 pórticos y 3 centrales para las ciudades de Antofagasta, Calama y Tocopilla.
Sin embargo, el proyecto de más de $11 mil millones de pesos –uno de los más grandes en términos de presupuesto a nivel nacional– hoy se encuentra cuestionado por una denuncia ingresada ante Contraloría por presuntas irregularidades.
Específicamente, se acusa a la delegación que era liderada por Karen Behrens Navarrete (PS) de haber beneficiado a la empresa Ingbell Chile Spa., aumentándole el puntaje de experiencia a pesar de no haber cumplido con lo exigido.
La situación denunciada fue después explicada por la Delegación como un supuesto “error de digitación”, a través de un Acta de Enmienda que reemplazó los “no cumple” por “cumple”. Pero al revisar los documentos del proceso, la explicación se debilita: la calificación original no figuraba como un simple tipeo, sino que aparecía respaldada por observaciones que justificaban por qué esos proyectos habían sido evaluados negativamente en primer lugar.
A esto, se le suman las acusaciones de que la licitación fue hecha de forma “exprés”, buscando cerrarla antes del cambio de Gobierno. De tal manera, pese a que en la calendarización la adjudicación estaba establecida entre abril y junio, esta fue adjudicada el 6 de marzo del 2026, cinco días antes del cambio de Gobierno.
Todos estos antecedentes hacen sospechar de una manipulación en la codiciada licitación, acusaciones que hoy están siendo enfrentadas por la nueva Delegada Presidencial de Antofagasta, Katherine López Rivera (UDI), quien tiene dos días más para enviar antecedentes a la Contraloría.
En conversación con Radio Bío Bío, López calificó la denuncia de “demasiado grave”, indicando que las acusaciones deben ser revisadas en total detalle y que en este momento se encuentran elaborando la respuesta a la Contraloría con todos los antecedentes que se encuentran a disposición.
“Por ahora, la investigación se encuentra en curso y se está analizando cada detalle de las etapas del procedimiento. Cualquier eventual irregularidad, será determinada una vez finalizado el análisis, y de ser procedente, se tomarán todas las medidas administrativas y legales correspondientes”, indicó.
Por su parte, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés (Ind. – ex RD), indicó a Radio Bío Bío que aunque el financiamiento viene del Gobierno Regional, la evaluación técnica correspondió a la Delegación Presidencial, por lo que son ellos quienes debieran tomar las próximas decisiones respecto al contrato.
A solo horas de dejar su cargo, la ex delegada Karen Behrens fue contratada como Jefa de Administración y Finanzas del GORE de Antofagasta, situación cuestionada por el Partido de la Gente, quienes exigieron explicaciones públicas por en el contexto de la demanda por “mayor transparencia, probidad y claridad en el uso de los recursos públicos”.
Los puntajes cambiados
El pasado 9 de marzo la Contraloría General de la República recibió una denuncia de la empresa Sistema de Seguridad y Tecnología S.P.A. (Sistesa), una de las compañías competidoras en la licitación del proyecto, y quien obtuvo el segundo mejor puntaje en la evaluación de ofertas. Paralelo a ello, la Delegación Presidencial de Antofagasta también había recibido el mismo reclamo administrativo por parte de la compañía.
En los documentos se acusa a la Delegación Presidencial de Antofagasta de haber cometido un “grave error” al haberle asignado más puntajes de los que se debería a la empresa Ingbell, lo que habría llevado a que esta ganara la licitación en vez de Sistesa.
Revisando los documentos de la licitación, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío efectivamente comprobó que hubo puntajes no se asignaron de forma correcta.
Dentro de la oferta técnica había un punto relacionado a la experiencia del oferente, que se dividía tanto en Experiencia en Habilitación de Cámaras y Experiencia en Fibra Óptica. Para tener el puntaje completo (100 puntos) los oferentes debían presentar al menos siete proyectos pasados que cumplieran con lo exigido. En caso de tener entre seis y cuatro, el puntaje bajaba a 70; entre una y tres a 35; y cero puntos para quien no presentara proyectos válidos.
Tal como se puede ver en el acta de Acta de Evaluación, en todos los proyectos presentados por Ingbell para comprobar la Experiencia en Habilitación de Cámaras, se evaluaron como “No cumple”.
Sin embargo, al observar la tabla de resumen de puntajes, en vez de asignarle 0 puntos, se le asignaron 100.
Similar situación ocurrió con el caso de la Experiencia en Fibra Óptica. A pesar de solo haberse considerado que dos de los proyectos presentados cumplían, se le asignaron 70 puntos, en vez de 35, mientras que otra de las empresas que también presentó dos proyectos válidos si le dejaron el puntaje correcto.
Un tercer error que fue igual para todas las compañías es que a pesar de indicarse que el puntaje completo aplicaba para más de seis proyectos, se consideró asignar los 100 puntos a quienes cumplieran solo con los seis.
Este fue el principal punto en el que derivaron las denuncias presentadas por Sistesa, indicándose en los documentos que de haberse otorgado bien los puntajes a Ingbell, hubiese sido la primera quien se hubiese adjudicado la licitación.
Una confusa aclaración
Un día después de que la denuncia ingresara a la Contraloría de la República, la Delegación publicó un Acta Enmienda, indicándose que la comisión evaluadora de la licitación requería enmendar un error de digitación.
En el documento, se aclaró que en todos los “No Cumple” de la tabla de Experiencia de Habilitación de Cámaras de Ingbell, debía decir “Cumple”. Respecto al segundo error denunciado, no se dio ninguna aclaración.
Sin embargo, la aclaración llama la atención, ya que cuando la comisión evaluadora consideró que los proyectos presentados no cumplían, se dio una justificación de por qué no cumplían, por lo que raramente podría haber sido un error de digitación.
Específicamente, es en el Anexo 3 –un listado comparativo de documentos–, en donde se indica que respecto al primer ítem de experiencia a pesar de presentarse ocho proyectos, no se acepta ninguno, quedando el resto de la explicación sin poder leerse ya que el documento no se subió de forma correcta. Respecto al segundo punto, la explicación también está cortada, pero se alcanza a leer que se presentaron ocho proyectos, pero que seis no fueron aceptados por corresponder a contratos de prestación de servicio, y no los solicitados.
Efectivamente, al revisar las experiencias presentadas por la compañía, se puede identificar que distan de ser proyectos grandes, siendo en realidad servicios de instalación de televigilancia e internet a menor escala, sin entregarse además muchos detalles sobre el servicio prestado.
