La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto (boletín 17474) que modifica la Ley 21.325, de Migración y Extranjería, para restringir el acceso de inmigrantes irregulares a beneficios fiscales.
La propuesta se respaldó con 95 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones. Luego, en votación separada, solo se necesitó ratificar una norma del primer artículo, que se aprobó por 83 votos a favor, 45 en contra y 22 abstenciones.
«Otra cosa es con guitarra»: críticas transversales a Kast por lenta expulsión de migrantes
Martes 24 Marzo, 2026 | 08:57
Según consignaron desde la Cámara Baja, la iniciativa propone que la inscripción de inmigrantes extranjeros en el Registro Social de Hogares —o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace— requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Además, señala que se debe priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo en favor de los nacionales, frente a inmigrantes en condición irregular. Esto, sin perjuicio de los principios fundamentales de protección que otorga la Ley de Migración.
Será necesario el carnet vigente para que extranjeros opten a beneficios
Así las cosas, la postulación y acceso de extranjeros a beneficios de cargo fiscal tendrá como requisito el portar cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Y en el caso de que estos beneficios refieran al otorgamiento de aportes económicos directos, subsidios habitacionales o de arriendo, se requerirá, además, la residencia definitiva. No se podrá otorgar un número identificatorio de carácter temporal o permanente a inmigrantes que ingresen al país por pasos no habilitados.
Sauerbaum descarta plazo para expulsar migrantes y critica falta de recursos que heredó de Boric
Lunes 23 Marzo, 2026 | 14:45
En sus fundamentos, el proyecto advierte sobre un incremento superior al 3.000% en la población de inmigrantes irregulares en Chile, entre 2018 y 2023. Lo que se traduce en más de 336 mil personas, según datos del INE y el Servicio Nacional de Migraciones.
La iniciativa vincula esta situación a riesgos de seguridad pública, argumentando que se desconocen los antecedentes de quienes ingresan sin control, salvo por las autodenuncias para empadronamiento biométrico.
