El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, confirmó un recorte del 3% en el presupuesto de la cartera, en el marco de una política de responsabilidad fiscal.
Según explicó, esta medida se suma a una reducción previa cercana al 17%, aplicada durante la discusión presupuestaria del año pasado, la que impactó principalmente a áreas como la Dirección de Obras Hidráulicas.
En este contexto, la autoridad enfatizó que el ajuste busca evitar un mayor gasto público, recordando que los recursos fiscales provienen directamente de los aportes de la ciudadanía.
Arrau detalló que el Ministerio administra actualmente cerca de 3.200 contratos y que el recorte se implementará priorizando aquellos proyectos con rezagos en su ejecución, en áreas como Vialidad, Obras Hidráulicas y Obras Portuarias.
De esta manera, aseguró que la estrategia apunta a resguardar tanto las obras en curso como las iniciativas consideradas críticas para el país, minimizando el impacto en infraestructura clave.
Obras principales
Desde el ámbito académico de la Universidad de Santiago, el ingeniero civil, Leonardo Brescia, advirtió que esta nueva reducción se suma a un ajuste acumulado significativo, estimado en torno a los 700 millones de dólares.
Pese a ello, sostuvo que el impacto no debería recaer en proyectos en ejecución ni en obras prioritarias, como aquellas vinculadas a conectividad o seguridad hídrica.
A juicio del especialista, los principales efectos se concentrarán en nuevas contrataciones, en la optimización del gasto y en la necesidad de fortalecer la gestión interna del Ministerio, especialmente tras cuestionamientos recientes en áreas como el manejo de maquinaria.
Brescia también planteó que este escenario podría incentivar un mayor uso de concesiones como mecanismo de financiamiento de infraestructura, lo que permitiría aliviar la presión fiscal del Estado. Sin embargo, advirtió que este modelo requiere resguardos para evitar sobrecostos a los usuarios, en especial en un contexto donde las reconcesiones de carreteras han sido objeto de cuestionamientos.
Asimismo, enfatizó la importancia de avanzar en innovación en construcción y en la incorporación de nuevas tecnologías que permitan reducir costos y hacer más eficiente la inversión pública.
“Mucho del gasto en infraestructura pública, básicamente, se va a construir por concesiones. Le equipara inversión fiscal al Estado, que tiene que financiar por completo algunas obras, y luego se va pagando en el tiempo. Lo que sí hay que tener son los cuidados con todas las concesiones que impliquen sobrecostos para la sociedad”, dijo.
Velocidad de ejecución de obras
En la misma línea, el director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, Miguel Arriagada, señaló que, si bien el recorte del 3% no representa una crisis inmediata, sí constituye una señal de ajuste que podría reflejarse en la velocidad de ejecución de algunas obras.
El académico explicó que las iniciativas en desarrollo no deberían verse afectadas, aunque podrían registrarse retrasos en proyectos en etapa de estudio, diseño o licitación, así como en obras consideradas no prioritarias.
Además, advirtió sobre el riesgo de postergar labores de mantención, lo que podría derivar en mayores costos a futuro.
“En este contexto, lo que tendrá que hacer el Estado es priorizar, reprogramar y revisar el ritmo de algunas iniciativas, también entendiendo que la contingencia actual va a hacer que las nuevas licitaciones tiendan a ser un poco más caras por la incertidumbre de lo que está ocurriendo”, indicó.
En síntesis, el principal desafío, según los expertos, será resguardar las inversiones estratégicas, como la conectividad y los recursos hídricos, mejorar la eficiencia en la gestión y evitar que la menor disponibilidad de recursos termine afectando directamente a la ciudadanía, ya sea a través de retrasos o de mayores costos en el desarrollo de infraestructura pública.
