La Contraloría General de la República ofició al Ministerio de Seguridad, encabezado por la ministra Trinidad Steinert, y a la Dirección de la Policía de Investigaciones (PDI), otorgando un plazo de 10 días para que ambas autoridades expliquen las razones detrás de la salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, en medio de la controversia por una eventual intervención indebida.
El requerimiento del ente contralor se da en el contexto del conflicto que se ha generado luego de que se conociera —a partir de antecedentes revelados por Radio Bío Bío— que la secretaria de Estado habría pedido personalmente la desvinculación de la funcionaria.
A raíz de estos antecedentes que apuntan a Steinert, parlamentarios solicitaron la intervención de Contraloría. Entre ellos, el diputado Raúl Leiva (PS), quien pidió determinar si la ministra contaba con facultades para realizar una gestión de ese tipo o si, por el contrario, se configuró una eventual extralimitación de funciones.
En paralelo, desde la PDI no ha habido una versión oficial respecto de lo ocurrido. El tema, sin embargo, llegará al Congreso, ya que el director de la institución fue citado para el próximo lunes a una comisión, instancia en la que deberá aclarar si existió o no una solicitud desde el Ministerio de Seguridad para concretar la salida de Peña.
La polémica tiene su origen en un conflicto previo entre Steinert y la ahora exsubdirectora. Según reveló BioBioChile, el quiebre se remonta a un operativo contra el denominado “Clan Chen”, donde Peña decidió cambiar a funcionarios del equipo investigador, lo que generó molestia en la entonces fiscal Steinert.
Entre esos movimientos estuvo el traslado de detectives vinculados a la causa, incluyendo al subprefecto Mauricio Fuentes, lo que habría sido un factor clave en el deterioro de la relación entre ambas autoridades.
En medio de la controversia, el presidente José Antonio Kast salió a respaldar a la ministra y descartó su responsabilidad directa en la salida de Peña. Según afirmó, la decisión fue adoptada por el propio director general de la PDI, Eduardo Cerna, en el marco de una reestructuración interna.
“El director general de la PDI le solicitó la renuncia”, sostuvo el mandatario, insistiendo en que se trató de una determinación institucional y no de una instrucción del Ejecutivo.
Con los antecedentes que remitan ambas autoridades dentro del plazo establecido, la Contraloría deberá determinar si existió o no una extralimitación de funciones por parte de la titular de Seguridad, en un caso que ya tensiona la relación entre el Gobierno y la policía civil, además de escalar al Congreso.
