En un giro que ni siquiera quienes participaban del caso anticiparon, la justicia estadounidense le dio una victoria histórica a Argentina. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena que obligaba al Estado argentino a pagar USD16.100 millones al fondo Burford Capital, por la expropiación del 51% de la petrolera YPF en 2012. El presidente argentino, Javier Milei, lo calificó como “el mayor logro jurídico de la historia nacional”, y no exageró: con los intereses acumulados, la cifra ya superaba los USD18.000 millones, monto que equivale al 45% del presupuesto nacional.
El pago de esa sentencia habría sido muy difícil para el país en un contexto de severo ajuste fiscal y escasez de divisas, por lo que el fallo le permite al gobierno acumular reservas en dólares, un factor clave para estabilizar la economía.
Once años de historia
El juicio que se definió la última semana tiene su origen en 2015, cuando el fondo Burford Capital compró el derecho a litigar contra la República Argentina a las firmas Petersen Energía, accionista minoritaria de YPF al momento de la reestatización, y otros inversores vinculados al caso.
YPF es la mayor empresa energética de Argentina y una de las principales productoras de petróleo y gas del país. Nació como una compañía estatal en 1922, luego entró en la ola de privatizaciones de la década de 1990 durante el gobierno de Carlos Menem, y fue parcialmente reestatizada en 2012, estatus que mantiene hasta la actualidad.
El reclamo se basa en cómo se realizó la nacionalización. Tal como figuraba en el estatuto de la empresa durante la privatización, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra (OPA) por el total de las acciones del mercado.
Sin embargo, cuando el Estado adquirió el 51% de las acciones de la mayoritaria Repsol en 2012, no realizó una OPA al resto de los accionistas. Ese punto fue el eje central de la demanda: las firmas argumentaron que fueron perjudicadas porque no se les dio la posibilidad de vender sus participaciones bajo las mismas condiciones.
El gobierno de entonces, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, justificó la expropiación señalando la falta de inversión privada en el desarrollo energético, en particular en áreas estratégicas como el yacimiento de petróleo no convencional Vaca Muerta, donde hoy YPF es el principal operador.
Tras años de litigio, en 2023 la jueza Loretta Preska, del tribunal de primera instancia en Nueva York, dio la razón a los demandantes y condenó al Estado argentino a pagar una cifra millonaria. El derrotero persistió en los siguientes años, con los demandantes intentando avanzar sobre activos argentinos en el exterior, incluidas acciones de YPF, y pedidos de acceso a información sensible de funcionarios estatales.
Pero el viernes 27 de marzo, la Cámara de Apelaciones dio vuelta la historia. El argumento central que tomó el tribunal fue que la ley argentina de expropiación, aprobada por el Congreso en 2012, tiene jerarquía superior al estatuto de la empresa. Es decir, que una norma de orden público prevalece por sobre un acuerdo entre privados, incluso si ese acuerdo estaba diseñado para proteger a los accionistas.
La decisión es inusual para Argentina, que en los últimos años enfrentó y perdió múltiples litigios internacionales por incumplimientos contractuales y expropiaciones.
El desplome de Burford y la euforia argentina
Una de las distinciones de este caso es la característica del demandante: el fondo Burford Capital, cuyas acciones se derrumbaron más de 70% tras conocerse el fallo.
Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. En los informes y balances reglamentarios que tuvo que presentar a accionistas cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York en 2020, quedó expuesto que este juicio era el principal activo en su cartera.
Una vez conocida la sentencia, el fondo calificó la decisión como “un abandono notable de los derechos de los accionistas minoritarios”.
Por su parte, Bernardo Saravia Frías, quien fue el jefe de los abogados del Estado y estuvo a cargo del caso durante el gobierno de Mauricio Macri, advirtió que el fallo tiene “consecuencias innumerables”, tanto en el plano energético como en la posición internacional del país. “Era una espada que estaba sobre el cuello de la Argentina y se reflejaba en todas las empresas que querían salir a la búsqueda en el mercado”, señaló.
Una lección para la región
Hay una advertencia importante para inversores interesados en economías emergentes que quedó registrada en la página 50 del fallo. El tribunal fue explícito en señalar que Argentina procedió erróneamente: violó promesas que hizo a inversores extranjeros para atraer capitales en los años 90, y eso daña la credibilidad del país como destino de inversión. Pero dijo que el remedio legal elegido por los demandantes sencillamente no corresponde bajo el derecho argentino.
“Los jueces reconocen que Argentina incumplió de manera escandalosa —dice la palabra escandalosa— las promesas hechas a los inversores. Pero aun así fallan a su favor, porque entienden que la ley de expropiación aprobada por el Congreso está por encima del estatuto de la empresa”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, en conversación con BioBioChile.
“No va a generar una crisis ahora. Pero en el largo plazo, los inversores van a pedir más garantías antes de invertir, porque entienden que pueden quedar sin remedio efectivo en tribunales como los de Nueva York. Eso afecta a todos los países emergentes”, agregó.
Cómo sigue el caso
A pesar del festejo, el caso no está cerrado para Argentina. El escenario actual desactiva, al menos por ahora, la ejecución de una sentencia impagable.
Sin embargo, los demandantes aún pueden pedir que el caso sea revisado por el pleno de la Cámara de Apelaciones, integrada por 13 jueces. Si esa instancia no prospera, pueden intentar llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque este tipo de recursos rara vez son aceptados.
En paralelo, los demandantes también podrían recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal arbitral del Banco Mundial especializado en disputas entre Estados e inversores extranjeros. “El tribunal en el que ganó Repsol”, ironiza Maril. Se refiere a un caso similar tras la expropiación de YPF que inició la petrolera española Repsol, principal accionista de la compañía y en 2014 alcanzó un acuerdo de compensación por unos USD5.000 millones.
“El juicio de YPF va a estar entre nosotros durante años y años”, advirtió.
