El Gobierno informó los primeros resultados del denominado “Informe de Inspección Total al Estado”, elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), el cual identificó una serie de alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales tras analizar más de 500 servicios públicos entre 2025 y marzo de 2026.
El documento fue presentado en la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia encabezada por la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, quien enfatizó que las situaciones detectadas “no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas”, pero sí ameritan una revisión exhaustiva.
Auditoría de Gobierno alerta por millonarias transferencias y patrones de contratación
Entre los principales hallazgos, el informe advierte sobre transferencias y convenios por más de USD 140 millones asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos.
Asimismo, se identificaron patrones de contratación que podrían sugerir fragmentación de compras, como más de 65 mil adquisiciones mediante la modalidad de “Compra Ágil”, donde un mismo proveedor fue contratado reiteradamente en un mismo día por servicios similares.
A ello se suman más de mil contratos firmados entre julio de 2025 y febrero de 2026 con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, junto con más de mil convenios ya terminados y pagados íntegramente, pero con montos no rendidos que superan los USD 50 millones.
En materia de personal, el informe detectó la incorporación de más de 2.500 funcionarios a plantas en los últimos meses de 2025, además de traspasos masivos desde honorarios a contrata en el cierre del periodo anterior.
Otro punto relevante dice relación con cerca de 100 mil trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de mil casos que se extendieron por más de un año.
“Hecho inédito” y análisis en curso
La subsecretaria Castillo calificó el proceso como “un hecho inédito”, destacando que en “tiempo récord” se levantó información a partir del trabajo de más de mil auditores internos del Estado.
“Estamos cumpliendo con el compromiso del Gobierno del presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos”, afirmó.
En total, se analizaron más de 213 millones de registros, cruzados con datos de sistemas administrativos, plataformas transaccionales y fuentes abiertas de transparencia.
El proceso de auditoría continúa en desarrollo. Según detallaron, los servicios deberán remitir información adicional correspondiente a los años 2024, 2023 y 2022 durante abril y comienzos de mayo, para luego avanzar en la consolidación de hallazgos y eventuales derivaciones a otros organismos.
Refuerzan comité con excontralor Mendoza y exdipres Torres
En paralelo, el Ejecutivo anunció cambios en la institucionalidad encargada del proceso. El presidente designó a Cristián Muñoz como nuevo auditor general de Gobierno.
Además, se incorporaron al Consejo de Auditoría Interna figuras con experiencia en control fiscal, como el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, y la exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres.
Desde el Ejecutivo destacaron que estas incorporaciones buscan fortalecer la revisión técnica de los antecedentes y asegurar estándares más exigentes en el control del gasto público.
