La Contraloría General de La República (CGR) destapó una nueva trama por conflictos de interés al interior del Gobierno Regional de La Araucanía bajo la exadministración de Luciano Rivas Stepke (Evópoli).
A través de un preinforme reservado de 69 páginas —al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío—, el organismo de control develó la contratación de parientes directos de funcionarios del GORE en proyectos que eran evaluados y financiados por la propia repartición estatal.
Aquí se cuentan hermanos y padres de servidores públicos, además del cuñado del propio Rivas, quien fue contratado por beneficiarios de los proyectos: emitió 32 boletas de honorarios por 19,5 millones de pesos.
La Contraloría también descubrió que dos de los convenios asignados a la Universidad Autónoma fueron aprobados en tiempo récord: apenas seis horas de tramitación frente a un promedio normal de siete días hábiles.
“No tuve conocimiento de que un familiar estuviera prestando servicios como proveedor dentro de este programa. Estas contrataciones fueron realizadas directamente por los beneficiarios, de manera autónoma”, se defiende el exgobernador.
La favorita del GORE
La historia va así: bajo la administración de Rivas Stepke, el Gobierno Regional de La Araucanía repartió, entre 2021 y 2023, más de 40 mil millones de pesos a ocho entidades de educación superior.
La institución que —por lejos— más recibió fue la Universidad Autónoma de Chile. Unos $21.800 millones, que representan el 53,7% del total. De ahí que la Contraloría decidiera poner la lupa sobre los convenios con esta última casa de estudios, una de las más influyentes de la zona.
En buenas cuentas, la Autónoma sirvió como intermediaria para que los dineros llegaran a los beneficiarios finales. Es decir, pequeños y micro empresarios que recibieron subsidios para proyectos de inversión que contribuyeran a “la reactivación económica de La Araucanía”. Se trataba de fondos concursables, por los que los postulantes podían adjudicarse subvenciones de entre 5 y 10 millones de pesos. Los dineros debían ser destinados a capital de trabajo y digitalización.
En tanto, al GORE y la universidad, de forma conjunta, les correspondía la selección de los beneficiarios y la rendición detallada de los fondos adjudicados.
Todo en familia
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, los resultados de la auditoría de la Contraloría revelaron escasos mecanismos de control al interior del GORE que pudieran detectar eventuales conflictos de interés respecto de funcionarios y sus relaciones de parentesco. Y es que, precisamente, el cruce de la red familiar de los empleados del GORE permitió advertir varios cruces que podrían ser problemáticos.
Primero, la entidad fiscalizadora constató la contratación de seis profesionales por parte de la Universidad Autónoma. La idea era que realizaran labores de seguimiento a los proyectos que fueron adjudicados a los beneficiarios finales.
Entre los contratados aparecen el cuñado del exasesor jurídico del GORE; la hermana de la entonces encargada de Proceso de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader); el hermano de Susan Alarcón, otrora jefa de la División de Fomento e Industria (DIFOI), quien registra pasos por prisión preventiva; además de la madre y los hermanos de asesores directos de Rivas (ver tabla).
Los parientes
En segundo término, a los familiares contratados por la Autónoma, se suman otros parientes de personal del GORE que figuran como beneficiarios finales de los convenios. Ocho, en total.
Aquí se cuentan padres, madres, hermanos, primos, suegras, bisabuelas, etcétera. El caso más complejo quizás —según se desprende del análisis de la CGR— es el de Andrea Farías Martínez. De acuerdo con el informe, formaba parte de la DIFOI del GORE y —al mismo tiempo— era propietaria de una empresa receptora de los dineros, Lonquiride Experience Spa.
Y si bien la Contraloría detalla que estos funcionarios no participaron en “ninguna instancia de tramitación y seguimiento de los proyectos involucrados”, lo cierto es que la falta de un proceso o política para controlar eventuales conflictos de interés impidió al GORE “actuar anticipadamente sobre aquellas situaciones que eventualmente” pudieran generar un problema debido a los parentescos.
La excepción a los casos mencionados anteriormente es el de Christian Valdebenito Torres, quien sí fue juez y parte, según se desprende del informe de la Contraloría.
El organismo apunta a que el funcionario del GORE participó en la etapa de evaluación de los proyectos de reactivación económica, mismo en el que posteriormente fueron beneficiarios su madre, hermano y el padre de su hermano. Cada uno recibió fondos por $5 millones.
Requeridos por esta Unidad de Investigación, no fue posible obtener una respuesta de Farías ni de Valdebenito.
Adjudicación exprés
El mismo Valdebenito debió dar explicaciones ante la Contraloría en medio de las pesquisas. Y es que la evaluación de los mismos proyectos se dio en tiempo récord, devela el preinforme.
La cronología incluye la presentación de los proyectos con la solicitud de recursos, la designación del comité evaluador, el informe de admisibilidad de parte del aludido comité, la recomendación técnica de parte del Jefe DIPLADER al administrador, para la confección del respectivo mensaje, hasta el envío del oficio de mensaje de parte del Gobernador al Consejo Regional para su aprobación.
Así, si cualquier iniciativa demoraba cerca de siete días hábiles en ser tramitada, los convenios de reactivación económica otorgados a la Autónoma demoraron menos de seis horas.
El boleteo
De vuelta a los familiares. El documento de la Contraloría también expone que se verificó que cuatro personas que presentaron servicios, mediante la modalidad de boletas de honorarios a los beneficiarios de los proyectos, son familiares de funcionarios del GORE. En simple, los microempresarios subcontrataron a parientes de los empleados del Gobierno Regional con dineros que provenían de ese mismo organismo.
El más prolífico, por lejos, fue Eduardo Brebi Leal, hermano de la esposa del entonces gobernador Rivas, quien facturó en 32 oportunidades a una treintena de beneficiarios. Los montos de cada documento tributario rondan entre los $500 mil y $1 millón, por un total de $19,5 millones.
Los otros familiares que figuran en el listado son dos hermanos de dos funcionarios del GORE, con una factura cada uno por $500 mil.
Brebi se defiende
Consultado por BBCL Investiga respecto de su aparición en el preinforme de la Contraloría, el ingeniero informático Mauricio Brebi defendió la legalidad de su participación como proveedor. Según explica, los servicios correspondieron a asesorías de digitalización, desarrollo web y comercio electrónico prestadas directamente a pymes beneficiarias, varias de las cuales —asegura— ya eran clientes suyos desde años anteriores.
En ese contexto, afirma que revisó las bases del programa y que estas no le impedían actuar como proveedor, aunque sí le impedían ser beneficiario debido a su vínculo familiar con el entonces gobernador.
“Me di cuenta que no podía ser beneficiario por la línea de probidad y la cercanía con el exgobernador, pero no me inhabilitaba como proveedor del programa”, esgrime Brebi. En esa línea, añade que “hay gran porcentaje de las empresas que trabajaron conmigo en el programa que ya eran clientes que habían trabajado conmigo en algún programa anterior”.
De acuerdo con su versión, los trabajos se realizaron directamente para las pymes adjudicatarias y no mediante información privilegiada, sino a partir de clientes previos o recomendaciones dentro de redes de emprendedores con las que trabaja desde hace años.
En ese contexto, inquirido sobre si hoy —en perspectiva y a la luz de las investigaciones— ve una actuación reñida con la ética, Brebi sostiene que si él “hubiese sido una de las empresas beneficiarias del programa ahí sí hubiese habido un conflicto de interés”, remarcando que “las bases no indican que haya un impedimento para ser proveedor de las empresas que se adjudican el programa”.
Por último, subraya que desde antes del programa en cuestión y hasta el día de hoy, continúa trabajando en el mismo rubro con docenas de empresas de la zona que buscan en él un medio para avanzar hacia la digitalización de sus servicios. Siendo esa su principal fuente de ingresos.
Proceso penal paralelo
El preinforme de la Contraloría cae justo en medio de la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público por el denominado caso Convenios. Precisamente los dineros adjudicados a la Universidad Autónoma forman parte de una de las aristas investigadas por la Fiscalía Regional de La Araucanía.
Uno de los primeros caídos en el marco de esa causa es Roberto Soto Fuentes, entonces funcionario del GORE que sirvió como contraparte técnica de la universidad en el proyecto de reactivación económica.
A comienzos de este año fue formalizado por 10 delitos de fraude al fisco y un delito de lavado de activos. Parte de los hechos vienen contenidos en el documento de la CGR, puesto que Soto —siendo empleado del Gobierno Regional— también facturó para una de las beneficiarias del proyecto. Él, en el papel, era el encargado de velar por el buen uso de los recursos.
Según consta en el expediente, la factura la hizo a través de Ingeo Araucanía EIRL, empresa que era de su propiedad, por $4,5 millones.
La Fiscalía Regional de La Araucanía, eso sí, también lo vincula a la constitución de empresas de fachada para hacerse de recursos a través del mismo proyecto que él debía vigilar, además de estar implicado en hechos similares con subsidios de otorgados por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, conocida como la “Agencia” (ver nota relacionada El incierto destino de $8 mil millones del GORE Araucanía: programa benefició a políticos y familiares). Utilizó como palos blanco o testaferros a su pareja y su suegra, dice el Ministerio público.
Hoy, Soto está colaborando con la indagatoria, lo que le permitió salir de prisión preventiva. El exgobernador Rivas, en tanto, está en calidad de imputado en la arista Fundación Local, pero no ha sido formalizado por los hechos acaecidos durante su gestión. Sí se han comunicado numerosos cargos en contra de su jefe de Gabinete Juan Pablo Leonelli Lepín.
“Siempre actué con apego a la probidad”
En conversación con esta Unidad de Investigación, el exgobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, en tanto, señala que el documento de la Contraloría contiene información relevante que —indica— en parte ya era conocida y actualmente forma parte de indagatorias en curso de la fiscalía. En ese contexto, sostiene que serán esas investigaciones las que deberán determinar eventuales responsabilidades y expresa su expectativa de que el proceso permita esclarecer completamente los hechos.
Respecto del caso específico que vincula a su cuñado con servicios prestados a beneficiarios de proyectos financiados con recursos del GORE qué él encabezaba, Rivas afirma que las contrataciones fueron realizadas de manera autónoma por los propios beneficiarios de los programas.
“El trabajo de reactivación económica en la región involucró a miles de beneficiarios, personas que desarrollaron sus propios proyectos y que, en ese contexto, contrataron a distintos proveedores para poder ejecutarlo (…) No tuve conocimiento de que un familiar estuviera prestando servicios como proveedor dentro de este programa”, asevera.
“Estas contrataciones fueron realizadas directamente por los beneficiarios, de manera autónoma, y en este caso específico se trata de una actividad que esta persona ejerce hace años, de forma independiente y desde antes de este proyecto. No hubo intervención mía ni del Gobierno Regional en esa decisión”, destaca.
En esa línea, explica que siempre actuó “con apego a la probidad y la transparencia”. “Cada vez que surgió alguna duda o antecedente que requería revisión, se instruyeron las investigaciones correspondientes, porque estoy convencido de que los estándares en la gestión pública tienen que ser cada vez más exigentes”, lanza.
Al cierre, enfatiza en que “más allá de las responsabilidades individuales que puedan establecerse, el propio informe deja en evidencia que aquí hay un desafío institucional. Por lo mismo, es clave seguir fortaleciendo los mecanismos de control y prevención de conflictos de interés, para dar mayores garantías y tranquilidad a la ciudadanía”.
Pese a los reiterados intentos de Bío Bío Investiga, hasta el cierre de esta edición no se recibió un pronunciamiento formal de la Universidad Autónoma.
