La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que todavía no se ha definido el delito por el que podría ser investigada la senadora Camila Flores (RN). Podría ser de fraude al fisco o malversación de caudales públicos.
Así lo indicó el fiscal regional subrogante, Elizardo Tapia, explicando que la indagatoria —originada a partir de una denuncia anónima— se mantiene en carácter reservado y está siendo liderada por la Unidad Regional Anticorrupción. Actualmente, se desarrollan diversas diligencias para esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y establecer si las conductas denunciadas son constitutivas de ilícito.
“Hay claridad respecto a cuáles son las conductas que se señalan en esas denuncia. Podría ser fraude al fisco o malversación de caudales públicos, pero eso es parte de la definición que se debe tomar una vez que se reciba el resultado de las diligencias que se han encomendado”, detalló.
En paralelo, expertos han advertido sobre la gravedad de los hechos investigados, los que apuntan a un posible esquema de fraude al fisco vinculado al uso de asignaciones parlamentarias.
De acuerdo con Canal 13, asesores de la parlamentaria habrían sido obligados a devolver parte de sus sueldos en efectivo, mecanismo conocido como “cortar la cola”.
Según estos antecedentes, la recaudación del dinero habría sido realizada por una secretaria del equipo de la senadora, existiendo incluso registros de conversaciones que darían cuenta de esta práctica.
Investigar si es una práctica extendida en Congreso
El exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente 2014-2018, Carlos Gajardo, explicó que, de comprobarse, se trataría de hechos de alta gravedad que deben ser investigados a fondo, e incluso plantean la necesidad de indagar si este tipo de mecanismos podría replicarse en otros espacios del Congreso.
“Más allá de la situación propia de la parlamentaria, es importante que el propio Congreso, también la Fiscalía, indague si esta es una práctica extendida”, enfatizó.
La causa apunta a un eventual perjuicio superior a 300 millones de pesos y se remonta a hechos que habrían ocurrido desde 2018, cuando Flores se desempeñaba como diputada.
La Fiscalía fijó un plazo de 40 días para avanzar en las pericias iniciadas tras la denuncia recibida en octubre del año pasado.
Recordemos que la defensa de la parlamentaria adelantó que esperan el levantamiento de la reserva para evaluar la presentación de acciones legales por eventuales calumnias.
