La Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en la compra de terrenos realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), advirtiendo la existencia de adquisiciones con valores que no cuentan con suficiente respaldo técnico, lo que abre dudas sobre posibles sobreprecios en el marco del Plan de Emergencia Habitacional.
Así lo establece el Informe Final N° 421 de 2025, publicado en abril de 2026, donde el organismo fiscalizador analizó operaciones realizadas entre 2022 y 2024.
Uno de los puntos más críticos del informe apunta a la falta de controles en las tasaciones que sustentan la compra de terrenos. Según Contraloría, no existe evidencia suficiente de supervisión ni validación de estos informes, lo que debilita la justificación de los montos pagados.
A esto se suma la inexistencia de parámetros o rangos de precios definidos, situación que impide asegurar que las adquisiciones se hayan realizado a valores acordes al mercado.
En ese contexto, el organismo advierte que estas falencias podrían derivar en pagos por sobre el valor real de los terrenos, al no existir mecanismos sólidos que permitan verificar la razonabilidad de los precios.
Uso de planillas informales y datos incompletos
El informe también cuestiona la forma en que se gestionó la información, indicando que el seguimiento de las compras se realizó mediante planillas Excel con inconsistencias y registros incompletos.
Incluso, se detectó que algunos terrenos adquiridos no estaban debidamente registrados, lo que compromete la trazabilidad de las operaciones y dificulta el control financiero.
Otro aspecto relevante es la ausencia de antecedentes que respalden decisiones de compra, incluyendo la falta de estudios técnicos esenciales en algunos casos, como informes geotécnicos.
Esto, según Contraloría, afecta directamente la calidad de las decisiones adoptadas y aumenta el riesgo de adquirir terrenos que no cumplen con las condiciones necesarias.
Vacíos normativos y responsabilidades en la mira
El informe también advierte que aún no se dicta un reglamento clave para regular la adquisición de terrenos, lo que deja espacios de discrecionalidad en el proceso.
Ante este escenario, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios involucrados, además de ordenar medidas correctivas al Minvu.
