La publicación en el Diario Oficial de la reforma a Gendarmería de Chile fijó un efecto inmediato y de alto impacto interno: la disolución de todas las asociaciones gremiales de funcionarios, poniendo fin al sistema de representación colectiva con dirigentes que operaba hasta ahora al interior de la institución penitenciaria.
La medida implica que, desde la entrada en vigencia de la ley, todas las organizaciones de gendarmes dejan de existir jurídicamente.
Con ello, también se extingue de manera automática la calidad de dirigente gremial de quienes encabezaban estas asociaciones, sin mediar procesos de renovación ni transiciones, como ocurría bajo el esquema anterior.
“A contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas, y su liquidación se efectuará conforme a la ley bajo la cual se hayan constituido”, señala el texto publicado en el Diario Oficial.
Este punto es clave, ya que marca una diferencia sustantiva respecto de lo que establecía la legislación. Hasta ahora, cuando una directiva terminaba su período o un dirigente no era reelegido, mantenía un fuero de inamovilidad por seis meses, como mecanismo de protección frente a eventuales represalias. Sin embargo, con la disolución de las asociaciones, ese escenario deja de existir.
En concreto, al desaparecer la figura de dirigente gremial, tampoco se activa el fuero de representatividad ni el fuero de inamovilidad posterior. Es decir, todos quienes ejercían estos cargos quedan inmediatamente sin las garantías laborales que les otorgaba su condición, lo que configura uno de los efectos más sensibles de la reforma en el plano interno.
El impacto ya comenzó a evidenciarse en las propias filas de Gendarmería. Según ha trascendido, varios exdirigentes han publicado mensajes de despedida en redes sociales, dando cuenta del término abrupto de sus funciones.
Recordemos que, además, la reforma también introduce un rediseño de la carrera funcionaria, fortaleciendo la verticalidad del mando y estableciendo nuevas exigencias en materia de formación, disciplina y subordinación. Esto busca, según lo discutido en la tramitación, robustecer el rol de Gendarmería en el sistema de seguridad, especialmente en el contexto del control penitenciario y el combate al crimen organizado al interior de los recintos penales.
Asimismo, el nuevo marco legal incorpora mayores atribuciones operativas y refuerza los mecanismos de control interno, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión penitenciaria.
En paralelo, se contemplan ajustes en las condiciones laborales, aunque estos han generado inquietud entre los funcionarios de Gendarmería, especialmente ahora que no tendrán dirigentes gremiales.
