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Contraloría acoge denuncia por Ley Karin contra actual seremi del Trabajo de Valparaíso

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foto Fabián Corrotea
Fabián CorroteaPeriodista de Radio Bío Bío Valparaíso

La Unidad Jurídica de la Contraloría Regional de Valparaíso anunció el inicio de un procedimiento disciplinario por denuncias de maltrato laboral que involucran a la actual seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa. Esto, tras acoger una acción judicial ingresada en contra de la recién asumida encargada regional de la cartera.

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando Sangüesa se desempeñaba como administradora municipal en la comuna de Algarrobo, en donde habría maltratado a una funcionaria en medio de una Fiesta Costumbrista.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, según lo estipulado en el oficio 73940/2026, la Unidad Jurídica del ente contralor concluyó que al menos cuatro funcionarios fueron testigos de los hechos, habiendo presenciado la situación y el estado emocional de la funcionaria afectada.

Luego de ingresada la denuncia, enmarcada en el artículo 82 de la Ley 18.883, la Contraloría decidió acoger la acción judicial, iniciando una investigación para esclarecer los hechos protagonizados por la actual seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa.

En tanto, la Municipalidad de Algarrobo deberá adoptar las medidas procedentes para resguardar la salud mental de la interesada y de las presuntas víctimas con el objeto de evitar una posible revictimización y fomentar un ambiente laboral libre de violencia.

Lo anterior deberá aplicarse en un plazo de 10 días hábiles contado desde la recepción del oficio, debiendo informar de ello dentro del mismo término al ente contralor.

La parte denunciante se refirió bajo anonimato a la decisión de la Contraloría, destacando que representa “un tremendo espaldarazo para quienes han sido víctimas y denunciantes de la exadministradora municipal de Algarrobo”.

“La Municipalidad debiese ser siempre y en todo caso un espacio seguro, un espacio respetuoso de todas las personas que trabajen en ella. Cualquier situación que afecte la dignidad, integridad, bienestar de funcionarios, es preocupante. No puede ser normalizada bajo ninguna circunstancia“, asevera a La Radio.

“Aquí no solo está en juego una relación laboral, sino que principios básicos también de respeto, de trato, de probidad en el ejercicio de la función pública”, sostiene.

“Es fundamental que todo esto se aborde con seriedad, responsabilidad y sobre todo en resguardo de las personas y garantías de las condiciones laborales libres de violencia”, añade.