En las últimas semanas se ha repetido como mantra una idea que parece incuestionable: hay que crecer. Pero pocas veces se hace la pregunta más importante, y al parecer la más incómoda: ¿quién crece realmente cuando la economía crece?
Si el crecimiento no reduce desigualdades, si no mejora las condiciones de vida de la mayoría, si no se traduce en bienestar, entonces no es desarrollo: es simplemente acumulación. Por eso, el debate no puede ser solo cuánto crecemos, sino cómo crecemos, para qué crecemos y cómo gestionamos ese crecimiento.
Un crecimiento real debe ir amarrado a condiciones mínimas: distribución justa de la riqueza, reducción de brechas, fortalecimiento del Estado e inversión pública estratégica. Porque el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, es un medio.
Y cuando ese medio solo beneficia a unos pocos, lo que falla no es el crecimiento. Lo que falla es el modelo. Porque no todo crecimiento es igual. Y, sobre todo, no todo crecimiento se reparte de la misma forma.
Hoy se vuelve a instalar una vieja receta: bajar impuestos a los más ricos con la promesa de que eso impulsará la inversión, el empleo y el desarrollo. Se presenta como una decisión técnica, casi inevitable, pero en realidad es una apuesta ideológica que supone que, si se aliviana la carga tributaria de quienes concentran mayores recursos, estos los destinarán automáticamente a dinamizar la economía. Es la lógica del “incentivo”: menos impuestos significaría más inversión, más actividad y, en última instancia, mejores condiciones para todos.
El problema es que esa promesa no viene con garantías. No existe ningún mecanismo que obligue a que esos recursos efectivamente se inviertan en el país, en generar empleo o en diversificar la matriz productiva. No hay pruebas concluyentes de que ese efecto ocurra.
Y aun así, el costo fiscal —la menor recaudación— sí es inmediato y concreto: menos recursos para políticas públicas, menos capacidad del Estado para responder a necesidades sociales urgentes. Entonces, volvamos a la pregunta: cuando se bajan los impuestos a los más ricos, ¿quién crece?
Se nos dice que Chile creció mucho en los años posteriores al retorno a la democracia. Y es cierto. Pero otra vez: ¿quién creció? Porque mientras el país aumentaba su PIB, también consolidaba una de las mayores desigualdades de la OCDE. Mientras se expandía la economía, se concentraba la riqueza. Mientras se hablaba de progreso, millones de personas quedaban fuera.
Y aquí aparece otro punto clave que suele omitirse: la meta de una reforma tributaria no puede ser solo crecer. En Chile, la desigualdad en la distribución de ingresos no solo es alta, es histórica. Sin embargo, si se observan las últimas décadas, el coeficiente de Gini ha mostrado una reducción —lenta, pero sostenida— especialmente desde la década de 2010 en adelante.
Ese proceso coincide, paradójicamente, con un período en que el crecimiento del PIB se ha moderado. Y esto tiene explicación: el alto dinamismo de los años 90 respondió en buena medida a un contexto excepcional de apertura e integración internacional tras la dictadura. Ese impulso no es replicable en las mismas condiciones hoy.
Pretender que basta con bajar impuestos para volver a esas tasas de crecimiento es, simplemente, desconocer ese cambio estructural.
Por otra parte, se ha señalado que la recaudación que se perdería con esta reforma —del orden de 2.700 millones de dólares— se recuperaría gracias a un mayor crecimiento económico, estimado en torno al 4%. Pero aquí surge una pregunta evidente: ¿quién puede garantizar ese crecimiento?
Porque si ese 4% no se alcanza, el efecto es inmediato: un deterioro en las cuentas fiscales, menos recursos disponibles y mayores restricciones para el Estado. Y la verdad es que nadie puede asegurar que reducir el impuesto de primera categoría genere, de forma automática, ese nivel de expansión económica.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una política que implica una pérdida cierta en el presente, apostando a un beneficio incierto en el futuro, qué tampoco sabemos a cuánto tiempo es.
Y ahí surge otra duda aún más de fondo: si hoy se está dispuesto a perder 2.500 millones de dólares apostando a un crecimiento hipotético, ¿no sería más razonable evitar ese riesgo y buscar alternativas más seguras y directas para impulsar la economía? Porque tras todo el discurso de la austeridad y la urgencia fiscal, resulta contradictorio que se esté dispuesto a renunciar a recursos significativos con la esperanza de que, eventualmente, se compensen.
Entonces, nuevamente: ¿de qué crecimiento estamos hablando? ¿De uno que concentra riqueza en unos pocos? ¿De uno que debilita la capacidad del Estado para invertir en salud, educación o seguridad? ¿De uno que promete beneficios que nunca llegan?
El debate de fondo no es técnico, es político. Se trata de decidir si queremos un crecimiento que profundice las desigualdades o uno que las reduzca. Porque crecer, por crecer, no basta.
