La Municipalidad de Hualqui -en la región del Bío Bío– fue condenada a pagar cerca de 7 millones de pesos a un trabajador que fue despedido por “razones políticas”. También se ordenó al alcalde remitir dos cartas: una de disculpas y otra de recomendación laboral.
Esto lo resolvió el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción al acoger parcialmente una denuncia por vulneración de derechos fundamentales interpuesta en contra de la Municipalidad de Hualqui por vulnerar el derecho a la no discriminación laboral al no renovar la contrata del funcionario.
Según se detalla en el fallo, el demandante, que se desempeñaba como electricista en la Dirección de Obras Municipales, fue desvinculado por razones políticas tras el cambio de administración, por lo que le ordenó al municipio pagarle la suma de $6.911.226 por concepto de remuneraciones adeudadas; y al alcalde, remitirle dos cartas: una de disculpas y la segunda de recomendación laboral.
“El alcalde Ricardo Fuentes y una testigo justificaron el término de la contrata basándose en que el gasto en personal a contrata excedía el límite legal del 40% respecto a la planta municipal. Riffo precisó que el presupuesto estaba sobrepasado en un 31,031% sobre dicho límite. El alcalde señaló que en la Dirección de Obras había dos técnicos con la misma profesión. Se optó por mantener a una persona que prestaba servicios a honorarios, ya que esta modalidad no afecta el porcentaje legal de contratas y representa un costo menor para el municipio”, se especificó en la resolución.
Despido por razones políticas
No obstante, se lee en el fallo: Testigos del demandante sostuvieron que el despido no respondió a razones técnicas, sino a una persecución política”. Uno de ellos aseguró que el trabajador fue despedido por haber participado activamente en la campaña de reelección del exalcalde Jorge Constanzo, al coordinar reuniones, realizar puerta a puerta e instalar letreros fuera de su horario laboral.
Para resolver, el tribunal tuvo en consideración que tres personas, que ocupaban distintos roles, relataron los mismos hechos que afectaron al trabajador. En cambio, el municipio no sustentó la falta de presupuesto, ya que reconocieron haber realizado nuevas contrataciones en el mismo periodo de ajuste y tampoco existen datos específicos para respaldar el ahorro real en el caso del demandante.
Además, la no renovación de contrato ocurrió justo después de que la nueva administración asumiera, en diciembre de 2024.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que el Juzgado acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales interpuesta contra la I. Municipalidad de Hualqui, en cuanto “se declara que la demandada vulneró con ocasión de la no renovación de la contrata del actor su derecho a no discriminación laboral, condenándola al pago de la suma de $6.911.226, equivalente a 9 remuneraciones del demandante, más reajustes e intereses previstos por el artículo 173 del Código del Trabajo”.
A ello se suma que el alcalde deberá confeccionar una carta privada ofreciendo disculpas al demandante y otra de recomendación, donde se destaque el buen desempeño profesional del trabajador durante el periodo en que prestó servicios para la municipalidad. De no cumplir, arriesgan una multa de 100 UTM.
En la instancia se rechazó la nulidad del despido y de indemnización de perjuicios.
