Trabajos en calzadas urbanas sin medidas de seguridad, ni fiscalización, ha instalado un escenario de desidia institucional en Osorno, región de Los Lagos.
Mientras se obliga al pago anual del permiso de circulación, el que genera recursos para financiar mejoras viales, señalética y seguridad, algunas calles presentan deficientes condiciones para la transitabilidad.
Esto en una ciudad con un parque automotriz estimado por sobre los 50 mil automóviles, sumado a un crecimiento -aproximado- de 3 mil vehículos al año.
El director de la carrera del área Mecánica de Inacap Osorno, Elías Guarda, explicó lo que para muchos puede ser obvio, pero que confirma los efectos de una calle en mal estado o trabajos expuestos en las máquinas.
“Cuando nosotros nos enfrentamos a irregularidades en el camino, baches, lo que más se ve afectado son los elementos o articulaciones que pudiera tener el sistema de suspensión y el sistema de dirección”, explicó.
A ello, agregó que “en el sistema de suspensión, lo que más afectado se va a ver, van a ser obviamente los amortiguadores y los bujes de los mismos. En el sistema de dirección es donde más se sufre”.
Cuando hay opción, se puede cambiar de ruta, pero la interrogante es sobre qué pasa cuando hay calles de uso obligatorio.
Para muestra, está el inicio de calle Francisco Bilbao, donde rieles que cruzan la calzada, son obstáculos ineludibles que, en el mediano o largo plazo, pasan la cuenta a los vehículos, pensando especialmente el taxis colectivos y microbuses.
Al respecto, Guarda asveró que “al sufrir o al pasar constantemente por baches, sobre todo la locomoción colectiva que está pasando constantemente y diariamente por estos sectores, obviamente el desgaste de todos estos elementos, tanto de tren delantero, de suspensión, de dirección, va a ser prematuro de todas maneras”.
En materia de seguridad, el tema expone mayor complejidad, de acuerdo a la oficial de la Subcomisaria Investigadora de Accidentes en el tránsito – SIAT- Nicol Catalán, precisando que “los baches en la calzada constituyen un factor de riesgo relevante. Pueden generar maniobras evasivas bruscas para quien no conoce la vía o no conoce que ahí se está realizando algún trabajo”.
“En los términos periciales para nosotros estos defectos en la vía pueden incidir de hecho en la génesis o en el origen de un accidente”, precisó Catalán.
Otro factor de riesgo gaurda relación con la mala señalización en obras viales pese a un reglamento claro, donde un delgado fierro con un plástico o en el mejor de los casos, un caballete, pareciera ser suficiente o sencillamente el abandono, tal como como ocurre en calle Francisco del Campo en el inicio de Martín Ruiz de Gambia, esto en el sector de Ovejería.
“Son señales que son de color anaranjado o amarillo que advierten una situación en la vía. El banderillero o el banderín son elementos accesorios que apoyan a esta señal, pero lo que tiene que existir es una señal transitoria de advertencia de trabajos en la vía (…) Esas siempre tienen que estar en los lugares o rutas que están siendo intervenidos para alertar a los conductores de estos trabajos”, explicó la fucnionaria policial.
Las obras en calzadas deben contar con autorización del Serviu, que define la intervención y su reposición y con ese permiso, las empresas solicitan en la dirección de obras municipales la ocupación de bien nacional de uso público y pagan por los metros a utilizar.
En el papel el municipio fiscaliza, pero reconoce que la labor descansa en gran parte de denuncias ciudadanas, confirmando un inspector para estas tareas, lo que limita el control.
Hay multas por incumplimientos determinadas por el Juzgado de Policía Local, pero no se informa de cuántas infracciones se han cursado al menos en el último tiempo.
En resumen, el problema no es el bache en sí por el resquebrajamiento del pavimento o por faenas asociadas a roturas de matrices de agua, sino que la indolencia desde la institucionalidad pública y la despreocupación de los privados que se escudan en la tercerización de los trabajos para no responder a los estándares de seguridad exigidos en éstas faenas.
El resultado es la normalización del deterioro vial, una práctica que erosiona la confianza pública y perpetúa la incoherencia entre la obligación tributaria y el derecho a transitar por calles seguras.
