Tras una acusación presentada por la Fiscalía Local de Coyhaique, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal resolvió condenar a tres imputados, un hombre y dos mujeres, en el marco de una causa por explotación sexual infantil y microtráfico de estupefacientes formalizada en junio del año pasado en Coyhaique.
La sentencia aplicada por los jueces fue de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo para una imputada de 25 años, condenada por el delito de explotación sexual infantil.
Por su parte, un imputado de 27 años, quien efectuaba labores de transporte informal de pasajeros, fue condenado por cuatro delitos que en total suman más de 9 años de cárcel. Entre ellos, cuatro años de presidio por obtención de servicios sexuales de personas menores de edad, tres años por porte ilegal de arma de fogueo adaptable, 600 días por almacenamiento de material pornográfico infantil y 300 días por microtráfico.
En tanto, la tercera imputada, de 39 años, fue condenada a 600 días de presidio por el delito de microtráfico de drogas.
El caso de explotación sexual infantil en Aysén
El juicio fue asumido por el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, quien dirigió la investigación desarrollada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI.
Este caso corresponde al primer juicio oral por explotación sexual infantil realizado en la región de Aysén.
En junio del año pasado, cuando la causa fue formalizada, el fiscal Contreras reflexionó en torno a los factores que se relacionan con la explotación sexual infantil.
“En el fenómeno de la explotación sexual infantil siempre se entremezclan situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, de situaciones de negligencias parentales, cosas que están siempre en conjunto con situaciones como el tráfico de drogas, consumo de drogas y, además, el hecho de que los adolescentes normalmente se ven obnubilados por la existencia de teléfonos celulares u otro tipo de recompensas frente a acciones que, en principio, por su edad, puede que no contemplen o no consideren como riesgosos”, plantó.
“Sin embargo, efectivamente, todas esas conductas actualmente están sancionadas por la ley y hay que perseguirlas”, agregó.
Otros participantes del caso
El caso contó con el apoyo del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia y del Programa Mi Abogado. Esta última entidad también participó como querellante en el juicio oral.
Asimismo, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional también intervino, facilitando la declaración anticipada de una de las adolescentes y el acompañamiento de otra durante la audiencia de juicio oral, efectuando contención, protección y apoyo.
