A la Corte Suprema acuden cuatro adultos mayores damnificados por los incendios forestales en el sector El Olivar de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, con el propósito de frenar la demolición de viviendas anunciada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje.
La medida adoptada por el Minvu es respecto a 58 viviendas que estaban en construcción y que, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, no cumplen con las condiciones mínimas para la validación técnica integral y que se identificaron riesgos relevantes en términos de seguridad estructural, contra incendios y cumplimiento normativo.
Ante esto, cuatro adultos mayores damnificados por el megaincendio de 2024 presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso que fue rechazado y, por eso, tomaron la decisión de apelar ante la Corte Suprema.
Acusan presiones a damnificados
Según se detalla en el recurso, patrocinado por el abogado Juan Andrés Pavez Farías, los afectados acusan situaciones que les han generado un “grave impacto emocional y psicológico, incluyendo anuncios públicos de demolición de viviendas sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad, todas cometidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es encabezado por el ministro Iván Poduje”.
Añaden que los adultos mayores fueron citados por Serviu Valparaíso por vías informales a reuniones de un día para otro y sin indicar el motivo, donde les pidieron firmar documentos vinculados a la demolición de sus viviendas, bajo la premisa de no retrasar los procesos de reconstrucción.
Apuntan a motivaciones políticas en demolición
El abogado Juan Andrés Pavez enfatiza que “lo que estamos pidiendo es algo básico: que se respeten los derechos fundamentales de personas que hoy están siendo afectadas en su libertad, seguridad y dignidad. Aquí no estamos hablando solo de casas, estamos hablando de adultos mayores que lo perdieron todo y que hoy están siendo sometidos a angustia y presión”.
“No puede adoptarse una medida tan extrema como la demolición sin que existan informes técnicos concluyentes y sin escuchar a las personas afectadas”, reforzó el profesional, añadiendo que “hemos recibido relatos consistentes de personas que se sintieron presionadas a firmar documentos en condiciones de vulnerabilidad, lo que es gravísimo”.
Junto con eso criticó el actuar del ministro Poduje, acusándolo de “querer hacer política” en un tema tan sensible como la solución habitacional de los damnificados. “Esto es un tema político, no es técnico”, sobre la decisión adoptada por el Minvu.
En la apelación se pide que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes y especializadas, y que se adopten medidas para resguardar la integridad física y psíquica de los afectados.
Es preciso indicar que fueron seis los recursos de amparo que se presentaron en la Corte de Apelaciones, pero solo uno de ellos fue rechazado. Los cinco restantes todavía están en revisión.
