En medio de la polémica por la paralización de obras en El Olivar y el término anticipado de contratos, la empresa Social Arquitectura interpuso una demanda contra el Serviu de Valparaíso y el Fisco.
Esto, luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ordenara revocar el convenio que mantenía con la institución y avanzara en el cobro de una boleta de garantía por 500 UF ($20 millones aproximado), situación que además ya cuenta con una medida judicial que, de forma provisoria, suspendió dicho cobro mientras se resuelve el fondo del caso.
Desde la empresa sostienen que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Vivienda no tendrían sustento técnico ni jurídico, y que se basan en resoluciones que, a su juicio, fueron dictadas de manera irregular.
Así lo explicó la abogada de la empresa, Erika Maira, quien afirmó: “Nosotros entendemos que todas esas resoluciones son nulas de derecho público, están dictadas fuera de toda legalidad, fuera de todo procedimiento, y eso es lo que le estamos pidiendo al Primer Juzgado Civil de Valparaíso que conozca”.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió la decisión adoptada por la cartera, señalando que existen informes técnicos que advierten fallas en las viviendas.
“No hemos omitido nada”
“Nosotros hemos presentado informes del IDIEM de la Universidad de Chile que acreditan riesgo sísmico, que acreditan problemas de resistencia al fuego. La empresa, vamos a estar en tribunales, en un juicio, tiene todo el derecho a presentar todos los informes, nosotros no hemos omitido nada”, aseguró.
“Ellos han querido entregar informes de última hora, pero los tribunales van a ser los que van a determinar. Nosotros no podemos entregar casas falladas y tenemos dos informes que acreditan que esas casas están falladas“, puntualizó el ministro.
Desde la empresa también afirmaron que mantenían más de 30 proyectos en ejecución, sin retrasos ni sanciones, los que se vieron afectados tras estas decisiones, impactando además a cientos de familias vinculadas a estas iniciativas habitacionales.
En esa línea, la controversia se centra en la interpretación de los informes técnicos que derivaron en la paralización de las obras, mientras ambas partes anticipan que el conflicto se resolverá en los tribunales.
Por ahora, el caso quedó en manos del Juzgado Civil de Valparaíso, donde se deberá determinar la legalidad de las resoluciones adoptadas y el futuro de los contratos involucrados.
