En medio de un debate que escala día a día por el alcance real del ajuste fiscal, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia intentó explicar los alcances del plan de Hacienda en la cartera.
En definitiva, los recortes existen, pero, según el ministerio, no tocarán beneficios ni coberturas. El problema es que esa defensa llega cuando la discusión ya dejó de ser técnica y se instaló en el terreno político, con diversas ofensivas que exigen al Gobierno transparentar el panorama real de los ajustes, recriminando la promesa de campaña de Kast: los derechos sociales no se tocan.
Desarrollo Social explica ajustes de presupuesto
La cartera confirmó un ajuste de 2,24% para 2026, por debajo del 3% exigido por Hacienda, y lo enmarcó como una decisión de “eficiencia” más que de restricción, deslizando que no se recorta protección social, se corrige gasto mal asignado.
“La medida se focaliza en programas con baja ejecución histórica, sobreasignación de recursos o debilidades de diseño, y no considera reducciones en beneficios ni coberturas”, explicaron en un comunicado.
Sin embargo, esa narrativa convive con un contexto mucho más amplio, donde la propuesta del ministro Jorge Quiroz apunta a recortes masivos —hasta un 15%— en 260 programas, incluyendo pilares como la PGU o el Subsidio Familiar.
Ajuar, diagnóstico clínico en niñez, Injuv y otros programas
En lo concreto, el ministerio optó por justificar cada rebaja bajo criterios de subejecución o desalineación con la demanda. El caso del programa de ajuar —con una caída de 10,5%— lo explican por un stock sobredimensionado en un país con natalidad a la baja.
“Entre los principales cambios, se contemplan ajustes en el programa de ajuar, en línea con la caída de la natalidad y corrigiendo un stock sobredimensionado, sin afectar en ningún caso la entrega a las familias”, señalan.
Más significativo es el recorte de 23,6% en diagnóstico clínico en niñez, donde la cartera reconoce una caída de 42% en derivaciones judiciales. Y el ajuste más drástico —47,7%— recae en el INJUV, bajo el argumento de rediseñar su institucionalidad y reducir gasto administrativo.
“En síntesis, el ajuste no reduce la protección social, sino que ordena el uso de los recursos para mejorar su efectividad y focalización”, argumentan desde el ministerio.
Detalle casos específicos según el Ministerio de Desarrollo Social:
• Ajuar: “Se ajusta el presupuesto en un 10,5%, asociado a un stock de reserva sobredimensionado, manteniendo íntegramente la entrega a las familias. No se reduce cobertura”.
• Diagnóstico clínico en niñez: “Se ajusta el presupuesto en un 23,6%. Esta rebaja responde a una caída cercana al 42% en las derivaciones judiciales y a una menor utilización del programa, lo que ha generado recursos sin ejecutar. Se corrige una sobreasignación, sin afectar la atención de niños, niñas y adolescentes.”
• INJUV y otros programas: “Se ajusta el presupuesto en un 47,7%. Esta rebaja responde a un diagnóstico transversal respecto a la necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad que atienda de manera oportuna las necesidades de los jóvenes. Por tanto, con la rebaja se avanza en reordenamientos estructurales orientados a mejorar la eficiencia y evitar duplicidades, priorizando el impacto directo en los beneficiarios por sobre el gasto administrativo, considerando que en la actualidad el 75% se destina al pago de remuneraciones.”
El subsecretario Alejandro Fernández aseguró que este proceso no implicará retrocesos en los derechos sociales:
“En un contexto de estrechez fiscal, nuestra prioridad es clara: no vamos a tocar los beneficios sociales. Estamos ordenando el gasto para que el Estado llegue mejor, más rápido y con mayor impacto a las personas”, dijo.
Así, la explicación de Desarrollo Social desplaza el foco desde el recorte hacia la gestión, pero no logra despejar la duda de fondo: si el ajuste es solo una limpieza de ineficiencias o el inicio de un conjunto de ajustes que terminarán erosionando el sistema de protección social.
