En una declaración pública, los centros de estudiantes de liceos públicos de la región Metropolitana manifestaron su rechazo al proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas” y su preocupación por el ajuste presupuestario que afecta al Ministerio de Educación.
El comunicado indicó que las instituciones reconocen que existen situaciones de violencia en los espacios educativos y que requieren atención de forma urgente.
No obstante, el documento señaló que el enfoque del proyecto de ley es insuficiente y contraproducente, ya que solo se centra en las medidas de control, vigilancia y sanción, y no se enfoca en las razones estructurales en las que se originan estas problematicas.
Centros de alumnos rechazan el enfoque del proyecto
Los centros de estudiantes han expresado su preocupación en la declaración pública, debido a que la medida “adopta un carácter punitivista” y que incluso podría profundizar los conflictos en las comunidades educativas.
“Medidas como la revisión de mochilas, generan serios cuestionamientos respecto a su efectividad real y a sus implicancias en materia de derechos, instalando una lógica de desconfianza hacia el estudiantado y abriendo espacios a prácticas arbitrarias”, aseguraron en el documento.
Los centros explicaron en el comunicado que la preocupación es acentuada, porque no hay definiciones claras en el proyecto y que existe una ausencia de protocolos detallados en su aplicación.
Los organismos cuestionaron el carácter sancionatorio de la iniciativa y que afecta el acceso a los beneficios educativos. “La posible pérdida de derechos asociados a la educación superior resulta desproporcionada y afecta con mayor fuerza a estudiantes en contextos de vulnerabilidad”, afirmaron.
“En cuanto a la implementación, advertimos serias dificultades: falta de claridad en el financiamiento, sobrecarga para docentes y funcionarios, ausencia de personal especializado y limitaciones de infraestructura en numerosos establecimientos“, resaltaron.
De manera general, los centros de alumnos recalcaron que el proyecto puede afectar la convivencia escolar, deteriorar las relaciones de confianza y desplazar el rol formativo de la educación por uno enfocado en el control y en la sanción.
Centros de estudiantes expresan su preocupación por el recorte del presupuesto del Ministerio de Educación
En la declaración pública mencionaron que el recorte del 3% del presupuesto del Ministerio de Educación es una medida regresiva “que no considera las condiciones actuales de la educación pública”.
“La magnitud de esta reducción genera incertidumbre respecto a su impacto real, especialmente en áreas críticas como infraestructura, financiamiento de establecimientos, programas educativos y condiciones laborales de las comunidades escolares”, comentaron.
En el comunicado enfatizaron que la situación se ve profundizada por la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, en el marco del Presupuesto 2027, en la que se considera el ajuste o la eventual descontinuación de programas, proyectos y becas del Ministerio de Educación.
En base a lo anteriormente mencionado, consideraron que la medida puede disminuir los derechos y oportunidades para miles de estudiantes, afectando directamente su acceso y su proyección educativa.
“Sostenemos que estas medidas podrían profundizar la crisis de la educación pública, debilitando su capacidad de respuesta y afectando directamente a quienes dependen de ella como principal herramienta de desarrollo y movilidad social“, puntualizaron.
“Consideramos fundamental manifestar una postura de rechazo ante la posibilidad de nuevos recortes al Ministerio de Educación, así como exigir transparencia respecto al impacto del ajuste ya implementado, particularmente en la distribución de recursos y los criterios utilizados”, sostuvieron.
Política presupuestaria
Los centros de estudiantes propusieron una política presupuestaria, indicando que la educación pública debería ser una prioridad estratégica para el Estado.
Algunas de sus propuestas son la revisión de la estructura del gasto público, el resguardo del financiamiento de la educación pública y fortalecer los mecanismos de evaluación del gasto.
“Como estudiantes de la educación pública, reafirmamos que los desafíos del sistema educativo no se resuelven mediante el aumento de la vigilancia o la reducción de recursos, sino a través de más educación, más participación y mayor apoyo a las comunidades educativas“, concluyeron.
