En medio de la creciente tensión por la ofensiva de cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE), tres diputadas del Frente Amplio hicieron una propuesta concreta.
Emilia Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans llegaron hasta el Ministerio de Educación para entregar un proyecto de ley que busca, en simple, “bajarle la presión” a los mecanismos de cobro que hoy enfrentan cientos de miles de deudores.
El gesto ocurre en un contexto donde la acción de la Tesorería General de la República ha intensificado la recuperación de deudas, generando incertidumbre y una avalancha de reclamos. En ese escenario, las parlamentarias no solo proponen cambios legales, sino que también piden al Ejecutivo involucrarse directamente, mediante el patrocinio del proyecto.
Cobro a deudores del CAE: “Una ofensiva sin precedentes”
En una carta entregada a la ministra de Educación, María Paz Arzola, las diputadas describen un escenario que califican como excepcional y preocupante.
Plantean que el Gobierno ha impulsado “una ofensiva de cobranza de las deudas por el Crédito con Aval del Estado, sin precedentes”, con una diferencia clara entre tipos de deudores.
Ahí aparece el punto central de su diagnóstico: el sistema no estaría funcionando de forma clara ni justa. Advierten que hay “enorme inquietud en los deudores”, expresada en reclamos por errores en el cálculo de ingresos, falta de información sobre los convenios y, sobre todo, imposibilidad real de pagar.
Uno de los aspectos más críticos que mencionan es la barrera de entrada a estos convenios: muchas personas no pueden siquiera acceder a ellos porque no cuentan con los ingresos suficientes ni la capacidad crediticia para pagar el pie mínimo exigido.
El resultado, según las diputadas, ya se está viendo en tribunales: una presentación masiva de recursos de protección, con fallos dispares, lo que agrega incertidumbre jurídica al problema.
La solicitud política
Más allá del diagnóstico, el movimiento tiene un objetivo claro: destrabar la discusión legislativa del proyecto que proponen.
Las parlamentarias solicitaron formalmente el patrocinio del Ejecutivo, un requisito clave en este caso. ¿Por qué? Porque el proyecto toca materias que implican gasto fiscal o modificaciones en obligaciones hacia el Estado, lo que solo podría ser impulsado por el Presidente.
“El éxito de esta propuesta depende del patrocinio del Poder Ejecutivo”, con la idea de avanzar en “una tramitación legislativa que busque un acuerdo transversal”, sostuvieron.
De todas formas, posicionan esta iniciativa como una solución intermedia. Reconocen que la salida estructural sigue siendo el proyecto más amplio impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric —que contempla un nuevo sistema de financiamiento y condonación de deudas—, pero advierten que ese debate avanza lento en el Senado.
Qué propone el proyecto: cambiar la lógica del cobro
Según las legisladoras, el proyecto se sostiene sobre un diagnóstico profundo: el CAE permitió expandir el acceso a la educación superior, pero dejó como contracara un nivel de endeudamiento que hoy supera los $4 billones. A eso se suma que la gran parte de los deudores tiene ingresos bajos, cuotas altas y cargas familiares, lo que hace difícil sostener los pagos sin caer en morosidad.
En ese escenario, el proyecto de ley apunta a una modificación específica pero relevante: agregar un nuevo artículo (18 ter) a la Ley 20.027, que regula el CAE.
La lógica es introducir reglas claras para que la Tesorería General de la República no defina los convenios de pago de forma uniforme, sino ajustada a la realidad económica de cada persona.
En términos simples, la propuesta establece tres cambios clave:
1. Convenios diferenciados según ingresos:
Diseñar mecanismos distintos para deudores con ingresos inferiores a $5 millones, reconociendo que no todos enfrentan la misma capacidad de pago.2. Cuotas y pie ajustados a la realidad económica:
El punto central es que tanto el pago inicial como las cuotas mensuales deberán fijarse considerando ingresos y gastos del deudor, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. La idea es evitar que las cuotas sean, en la práctica, impagables.3. Flexibilidad ante cambios económicos:
Se abre la posibilidad de modificar los convenios si la situación económica del deudor cambia de forma sustantiva, algo que hoy no siempre ocurre de manera fluida.
La ofensiva de cobros del Gobierno, que busca recuperar recursos fiscales, abrió un dilema: cómo cobrar sin profundizar la vulnerabilidad económica. Es en esa línea, las diputadas defienden que la propuesta del Frente Amplio intenta responder a ese equilibrio. No elimina la deuda ni suspende la cobranza, pero busca cambiar su lógica: pasar de un sistema rígido a uno que, al menos en teoría, mire la capacidad real de pago de cada persona.
Mira aquí el proyecto que propone el FA:
