El diputado Jaime Araya (Ind-PPD) ofició este miércoles a la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, para que suspenda de su cargo a Cristián Valenzuela, tras conocerse el dictamen de Contraloría por la publicación del Ejecutivo que señalaba que se dejó un “Estado en quiebra”.
Cabe recordar que, según el ente contralor, en la publicación del Gobierno no se acompañaron elementos suficientes que permitieran sustentar “fáctica y técnicamente” los términos específicos utilizados, particularmente la expresión “Estado en quiebra”.
La CGR consignó que la propia cartera reconoció que el uso de dicha expresión no se ajustó “cabalmente al estándar de moderación y mesura” exigido a las autoridades, admitiendo que pudo generar confusión en la ciudadanía, razón por la que eliminaron la publicación.
Aun así, solicitaron adoptar medidas para evitar contenidos de ese tipo y ordenaron instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
Diputado pide suspensión mientras se realiza sumario
Ante ello, el diputado Araya insistió en la adopción de medidas inmediatas y en la suspensión de Valenzuela, en consideración de “la responsabilidad que le cabe en los graves hechos denunciados en su oportunidad, y atendida la circunstancia que la Contraloría General de la República ha ordenado instruir el sumario administrativo”.
El parlamentario llamó a tomar medidas preventivas que resguarden la integridad de los procesos investigativos, por la naturaleza de las conductas indagadas y la relevancia institucional de los órganos involucrados, insistiendo así en la suspensión de Valenzuela.
“Vengo en solicitar formalmente a usted que disponga la suspensión de funciones del señor Cristián Valenzuela Burgos, en su calidad de autoridad vinculada a la Dirección de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, mientras se sustancia el respectivo sumario administrativo”, subrayó.
“Al mismo tiempo solicito se nombre un fiscal que entregue garantías de imparcialidad en la sustanciación del proceso, tanto para cautelar el derecho a defensa, como para garantizar una investigación en profundidad y las máximas sanciones si se arriba a responsabilidad del señor Valenzuela Burgos”, agregó.
Finalmente, el legislador por Antofagasta recalcó que la medida sugerida es de “carácter preventivo y no implica prejuzgamiento alguno“, concluyendo que “la gravedad de los hechos exige una señal clara, oportuna y proporcional por parte de la autoridad, que reafirme el compromiso con los principios de probidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”.
