El Ministerio Público advirtió un giro en el mapa delictual del país, marcado por la expansión del secuestro extorsivo como una amenaza instalada.
Durante su cuarta cuenta pública, el fiscal nacional, Ángel Valencia, no
solo expuso cifras récord de condenas, sino que puso el foco en dicho delito, que ha pasado de ser una anomalía a una amenaza instalada.
La cifra es contundente y marca un antes y un después en la seguridad pública: desde el año 2022, los casos de secuestro en Chile han roto la barrera de los 800 episodios anuales, un volumen que ha obligado al Ministerio Público a redefinir toda su estrategia de persecución.
Ya no se trata de hechos aislados, sino de una industria delictiva que utiliza la extorsión como una práctica que históricamente no formaba parte del repertorio nacional.
Acciones de Fiscalía por el secuestro extorsivo
Ahora, con la implementación de la Fiscalía Supraterritorial y el fortalecimiento de equipos de élite, la institución busca cerrar el cerco sobre bandas transnacionales en un escenario de recursos limitados y urgencia legislativa.
Al ser consultado por la gravedad de la consolidación del secuestro extorsivo y la conmoción que causa, Valencia fue categórico en su diagnóstico y calificó este aumento como “muy malo”.
Aun así, dijo que “no nos hemos mantenido pasivos frente a ese fenómeno, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos“; agregando que “es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad”.
Parte de dar esa pelea, por ejemplo, ha sido el transformar la operatividad de los equipos ECOH. Originalmente diseñados para homicidios, estos grupos multidisciplinarios hoy dedican gran parte de sus recursos al secuestro en contextos de crimen organizado.
Resultados del combate al crimen organizado
Los resultados, validados por la Universidad Católica, revelan que gracias a este despliegue la capacidad de identificar a los culpables ha subido un 30%, permitiendo individualizar a más de 300 imputados en un año.
Sin embargo, desde la academia advierten que la respuesta debe ser aún más integral. Para Neftalí Carabantes, director del Centro de Seguridad de la Universidad Central, la clave no está solo en la detención, sino en golpear el bolsillo de estas organizaciones para desbaratar sus estructuras económicas.
Además, instó a fortalecer la inteligencia policial para saber dónde están operando y quiénes integran las bandas; y fortalecer el control en fronteras.
Sugerencias desde el Congreso
Este diagnóstico es compartido en el Congreso, donde se reconoce que el enemigo es común.
Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, enfatizó la necesidad de una unidad de propósito entre los organismos autónomos, el Ejecutivo y el Congreso, para enfrentar al “enemigo de todos los chilenos”.
Pero la unidad política choca con una realidad práctica: el presupuesto.
Aunque el fiscal Valencia aclaró que no ha habido recortes formales a la institución, sí dejó claro que se requieren soluciones innovadoras para financiar la alta complejidad de estas investigaciones.
En esa línea, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, rescató una de las propuestas centrales de la cuenta pública para obtener recursos frescos.
“Cuando se incautan bienes al crimen organizado, cuando se le congelan cuentas, esa plata, como se hace en otros países, podría venir justamente a quienes se encargan de combatir el crimen organizado”, apuntó.
Las conclusiones del fiscal nacional
Hacia el futuro, el desafío es institucional. El fiscal nacional estableció que para derrotar la impunidad se requiere fortalecer tres ejes: el control de la frontera norte, un sistema carcelario que segregue efectivamente a los líderes criminales y, sobre todo, otorgar mayores facultades de actuación autónoma a las policías en delitos de menor complejidad pero alto impacto social.
Con un aumento del 10% en las sentencias condenatorias totales y la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial, el Ministerio Público cierra su reporte anual con una promesa de “tolerancia cero” ante la extorsión.
Chile entra así en una etapa de “persecución estratégica”, donde la inteligencia de datos y el flujo de capitales serán los nuevos campos de batalla contra el crimen organizado.
