“Ya no doy más”: adultos mayores denuncian robo de agua por sus vecinos en Michaihue

Una compleja situación denuncian vecinos del sector Michaihue, en la comuna de San Pedro de la Paz, donde una pareja de adultos mayores acusa llevar años enfrentando el robo de agua desde su propio departamento, lo que los mantiene prácticamente sin suministro pese a pagar regularmente sus cuentas.

Según relataron Rosa y Mario, el problema se arrastra desde 2020, cuando —afirman— vecinos del piso inferior habrían intervenido una cañería interna para conectarse de forma irregular a su red. Esta situación ha provocado una drástica disminución en la presión del agua en su vivienda, impidiéndoles realizar actividades básicas del día a día.

“No puedo usar el cálefont, se echó a perder. Tengo que lavar con un hilo de agua y juntar bidones para bañarme o cocinar”, señaló Rosa, visiblemente afectada por el impacto que esto ha tenido en su calidad de vida.

La pareja asegura haber recurrido a distintas instituciones sin obtener soluciones concretas, donde les indicaron que, al tratarse de una conexión interna dentro de una propiedad privada, no pueden intervenir más allá del medidor. En tanto, acusan que no han logrado concretar una denuncia por robo.

A esto se suma la falta de apoyo municipal. Los afectados aseguran que no han recibido orientación legal ni mediación por parte del municipio, pese a reiteradas solicitudes.

"Es estresante, me acuesto y me levanto con estrés. Ya me cansé de golpear puertas y que nadie haga nada”, expresaron, quien además denunció episodios de hostigamiento por parte de los vecinos acusados.

La situación no solo afecta el acceso a un recurso básico, sino que también ha generado consecuencias en la salud mental de la pareja. Además, temen que el aumento injustificado en el consumo de agua —producto de la presunta conexión ilegal— pueda afectar los beneficios o subsidios a los que acceden.

Ante este escenario, se realiza un llamado a la Municipalidad de San Pedro de la Paz para que, a través de sus unidades sociales o de asesoría vecinal, pueda intervenir y mediar en el conflicto.

El caso expone no solo un problema de convivencia, sino también una situación que podría constituir una vulneración grave a derechos básicos, como el acceso al agua potable, especialmente tratándose de personas mayores.