La Sala del Senado aprobó en general el proyecto que busca tipificar como delito el ingreso irregular al territorio nacional, iniciativa que ahora continuará su tramitación legislativa en el Congreso.
La propuesta, que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería, fue respaldada por 24 votos a favor y 20 en contra. Además, se fijó como plazo para presentar indicaciones el mediodía del jueves 28 de mayo.
Uno de los puntos que marcó el debate fue la discusión sobre el quorum necesario para aprobar la iniciativa. Esto, luego que la Comisión de Gobierno despachara el texto como norma de Ley Orgánica Constitucional.
Sin embargo, tras una reunión de Comités solicitada por el Comité Unido, se resolvió que la presidenta del Senado y la Secretaría determinaran el quorum aplicable, concluyendo finalmente que el proyecto requiere mayoría simple, tal como había llegado desde la Cámara de Diputadas y Diputados.
Pese a ello, la senadora Yasna Provoste (DC) anunció reserva de constitucionalidad, argumentando que algunos artículos del proyecto deberían votarse como Ley Orgánica Constitucional, en línea con observaciones realizadas previamente por la Corte Suprema.
Debate por ingreso irregular y migración
Durante la discusión, parlamentarios oficialistas defendieron la iniciativa asegurando que no vulnera tratados internacionales y que contempla resguardos para menores de edad y personas que soliciten refugio.
Asimismo, afirmaron que la norma incorpora mecanismos alternativos para evitar un colapso del sistema judicial y penitenciario. “No estamos legislando para los cientos de miles de migrantes en situación irregular, sino que para disuadir”, señalaron durante el debate.
En esa línea, llamaron a continuar perfeccionando el proyecto durante la etapa de indicaciones.
En contraste, senadores de oposición advirtieron que la propuesta podría generar una sobrecarga operativa para la PDI y las Fuerzas Armadas, además de trasladar el control migratorio al Ministerio Público.
También cuestionaron eventuales problemas de constitucionalidad y advirtieron que la iniciativa podría contravenir estándares internacionales de derechos humanos.
Al respecto, sostuvieron que el proyecto sería “ineficaz” para enfrentar el fenómeno migratorio irregular y plantearon la necesidad de impulsar medidas más articuladas para combatir el crimen organizado.
Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que el Ejecutivo presentará indicaciones para “mejorar la arquitectura” de la iniciativa, destacándola como una herramienta para enfrentar la actual emergencia migratoria.
