La exalcaldesa de Maipú, Kathy Barriga, se refirió este viernes a la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que decretó la prisión preventiva de su esposo, el exdiputado Joaquín Lavín León, en el marco de la investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
Tras salir del Centro de Justicia, Barriga habló brevemente con la prensa y aseguró que como familia han debido enfrentar “años difíciles” a raíz de las investigaciones judiciales.
“Las injusticias te hacen fuerte también, te hacen ser mucho más fuerte”, afirmó, evitando profundizar sobre la audiencia donde también quedó con la misma cautelar el exasesor de Lavín, Arnaldo Domínguez.
Consultada por las acusaciones de una eventual red de corrupción, Barriga respondió que no se referiría “a nada de lo que pasó en la audiencia”, pidiendo respeto a los medios de comunicación.
“Por favor, tengan un poco de comprensión de lo que uno vive. Detrás de nosotros no somos solo nosotros, son una familia, son los niños”, señaló.
En ese contexto, acusó que existe un trato desigual en la cobertura del caso y apuntó a una supuesta “persecución política”.
Barriga también defendió que las respuestas sobre las imputaciones deben darse en tribunales y no ante la prensa.
“Yo siempre dije que en los tribunales era el lugar donde se contestan esas cosas. Y yo no me voy a referir en los medios de comunicación a lo que tengo que responder donde corresponde”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la situación ha afectado especialmente a sus hijos y abordó la exposición pública del diagnóstico de autismo de uno de ellos.
“Cuando primero se publicó el diagnóstico de mi pequeño, que es autista, y luego se dijo que había sido falsificado (…) el más vulnerado es mi hijo hoy día también”, declaró.
Pese a la resolución judicial, Barriga afirmó que mantiene su confianza en la inocencia de Lavín León.
“Yo confío y creo, por supuesto”, indicó, agregando que “quienes trabajan en política saben también cómo se maneja esto”.
La medida cautelar contra el exparlamentario fue solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y respaldada por el Consejo de Defensa del Estado, en una causa que investiga el presunto uso de facturas ideológicamente falsas y desvío de recursos públicos mediante asignaciones parlamentarias. Según la investigación, el perjuicio fiscal superaría los $100 millones.
