Los acusados por el homicidio calificado de un estudiante en Lota, ocurrido en 2024 en la región del Bío Bío, esperarán el nuevo juicio oral en su contra con cautelares rebajadas.
Lo anterior, ya que dos de ellos pasaron de arresto domiciliario total a privación de libertad nocturna en su casa.
A solicitud de la defensa, dos de los tres acusados por el brutal asesinato del estudiante Jeremy ocurrido en Lota, en abril de 2024, esperarán el nuevo juicio oral en su contra con arresto domiciliario nocturno.
Lo anterior, argumentando los juristas que “no existe necesidad de cautela” al transcurrir más de dos años desde implementada la medida, sumado a fundamentos de “reinserción social” expuestos en la audiencia de revisión de cautelares.
A ello se suma que ambos, según lo consignado por el juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, Daniel Inzunza, ambos han asistido a los actos del procedimiento y no se registran incumplimientos en el sistema.
“El tribunal ha arribado a la siguiente conclusión: que los acusados han aparecido sujetos a medidas cautelares privativas y restrictivas de alta intensidad de manera continua durante dos años, lo que no ha sido discutido por ninguna de las partes bajo la figura del arresto domiciliario total. Por lo demás, se tiene presente que los acusados, ambos, han cumplido con esta medida, no se registran incumplimientos en el sistema y, por lo demás, se da cuenta que han asistido a los actos del procedimiento”, expuso Inzunza.
Por ello, junto con la privación parcial de su libertad en su domicilio, los dos acusados también estarán sujetos a un programa de reinserción social.
“Se sustituye dicha medida por las siguientes: primero, arresto domiciliario parcial nocturno contemplado en el artículo 155 letra A del Código Procesal Penal, debiendo ambos adolescentes permanecer en sus respectivos domicilios ya registrados en la causa de manera ininterrumpida entre las 22:00 horas y las 6 de la mañana del día siguiente. Y segundo, la medida del artículo 155 letra B, sujeción a la vigilancia de una institución, deberán presentarse en el centro de reinserción social”, señaló.
En lo referido al tercer acusado, este mantiene la cautelar de arraigo nacional.
Cabe recordar que la Fiscalía pide para los tres adultos, menores al momento de los hechos, la pena máxima que contempla la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, es decir, 10 años de régimen cerrado.
El 10 de junio se realizará un nuevo juicio, ya que el primero fue anulado al existir incompatibilidad de la defensa en dos de los tres imputados, quienes renunciaron a su derecho a guardar silencio, presentando un relato distinto.
