Una nueva querella ingresada por TOESCA S.A. vuelve a poner al club Universidad de Chile y a su concesionaria Azul Azul en el centro de la polémica.
La acción judicial, en representación de los fondos de inversión pública Leasing, Táctico y Proyección, apunta directamente contra Michael Clark por irregularidades en la toma de control accionario de la sociedad anónima que administra a la tienda estudiantil.
Acusan al exdirigente de encabezar un supuesto esquema de “negociación incompatible y administración desleal” que habría involucrado fondos públicos y estructuras financieras ligadas al caso Sartor.
La querella presentada este lunes, a la que tuvo acceso BioBioChile, sostiene que “los hechos descritos configuran un esquema de negociación incompatible y administración desleal, ejecutado en el marco de la toma de control accionario de Azul Azul S.A. y mediante estructuras financieras que afectaron el patrimonio de dichos fondos y les causaron un perjuicio cuantificable y comprobable”.
Según el documento, el control del 63% de Azul Azul por parte del ahora ex mandamás del club colegial, a través del Fondo de Inversión Privado Táctical Sport (FIPTS), se concretó utilizando recursos que “no tuvieron origen en aportes efectivos de los partícipes del FIPTS ni en recursos patrimoniales propios de éstos”.
Los denunciantes apuntan además a una compleja triangulación financiera mediante créditos ‘puentes’ vinculados al FIP Sartor Deuda Privada y Asesorías e Inversiones Sartor S.A.
“Conforme al informe del liquidador de Sartor AGF, los fondos públicos Fondo Leasing y Fondo Táctico inyectaron Ch$7.200 millones a Inversiones Cerro El Plomo SpA, sociedad cuyo único accionista era el propio Fondo Leasing. El Fondo Proyección concurrió con financiamiento por aproximadamente Ch$1.100 millones a la misma sociedad. Inversiones Cerro El Plomo SpA transfirió esos recursos al FIPTS para concurrir al pago del precio de la oferta pública. El liquidador denominó esta estructura como financiamiento indirecto a través de una SpA y financiamiento puente, declarando que no consta evidencia de que la operación fuera de conocimiento de los aportantes de los fondos públicos al tiempo de otorgarse los créditos”, detalla la acción judicial.
La presentación también acusa al ex mandamás del ‘Romántico Viajero’ de mantener un “conflicto de interés estructural”, considerando que simultáneamente ejercía como presidente de Azul Azul, director de Sartor y controlador de Inversiones Antumalal, firma mediante la cual tomó el control total de las cuotas del FIP Táctical Sport.
La ofensiva judicial no solo involucra a Clark y a exdirectores de Sartor. También solicita el levantamiento del secreto patrimonial de Marcelo Pesce y Victoriano Cerda, expropietarios de Huachipato, a quienes se apunta como integrantes de la operación que permitió concretar el control accionario de Azul Azul.
Todo esto ocurre apenas días después del allanamiento realizado en el Centro Deportivo Azul (CDA), diligencia que obligó a la dirigencia universitaria a salir públicamente a enfrentar el impacto mediático del caso.
En ese contexto, la flamante presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, defendió la postura institucional del club y marcó distancia respecto de las investigaciones que afectan a Clark y al caso Sartor, insistiendo en que la concesionaria no está siendo investigada directamente a nivel judicial.
