La Pesquera Friosur, -que desde 1985 opera desde la región de Aysén, manteniendo vínculos comerciales con al menos seis mercados para sus productos frescos y congelados-, demandó al Estado de Chile por US$46,6 millones, por cambiar anticipadamentelas reglas del marco regulatorio (modificación del régimen de fraccionamiento pesquero introducido en la Ley 21.752).
En la acción legal presentada por la empresa, en cuya propiedad participa con un 20% la cooperativa de sus trabajadores, se explicó que el daño patrimonial no solo afecta a las arcas de la firma, sino también a los colaboradores y a la comunidad, ya que es una de los principales generadoras de empleo y desarrollo productivo regional.
Pesquera Friosur de Aysén demanda al Fisco por US$46,6 millones
La Pesquera Friosur, junto a empresas relacionadas, presentó una demanda ante tribunales solicitando una indemnización de perjuicios por US$46,6 millones por los daños causados por el Fisco.
El abogado Francisco Zúñiga, de Zúñiga Angulo Abogados, explicó que la Ley 21.752 alteró anticipadamente el marco regulatorio establecido, lo que produjo un perjuicio patrimonial “directo, cuantificable y concentrado en un determinado conjunto de actores”.
“La presente demanda se funda precisamente en esta circunstancia: la modificación anticipada -y que lesiona derechos legítimos- del fraccionamiento pesquero, ha impuesto a las actoras un sacrificio patrimonial específico, intenso y desproporcionado, sin que el legislador haya establecido mecanismos de compensación que permitan restablecer la igualdad las cargas públicas, razón por la cual el Fisco de Chile debe responder patrimonialmente por los perjuicios causados”, señaló.
En un comunicado, se profundizó que el escrito legal indica que Friosur registró durante el año 2025 capturas por casi 18 mil toneladas y ventas cercanas a US$50 millones, principalmente de merluza austral, merluza de cola, reineta y congrio, productos comercializados en mercados de alta exigencia como Chile, España, Portugal, Polonia y Estados Unidos.
Como el Estado había dado reglas claras, la compañía realizó inversiones en base a esos compromisos, los cuales terminaron siendo modificados anticipadamente.
“Se cambiaron las reglas del juego a mitad de camino y dejaron comprometidas inversiones diseñadas, ejecutadas y proyectadas hasta 2032, conforme a la certeza jurídica y estabilidad regulatoria establecidas en la Ley 20.657”, comentó -por su parte- Pablo Sufán, gerente general de Friosur.
Ejemplificó que incorporaron una nave de última generación y ampliaron la capacidad de frío en su planta del Puerto Chacabuco.
“Esas inversiones totalizaron más de US$12 millones”, dijo.
Como el cambio regulatorio redujo la cuota de capturas industriales con el fin de aumentar las del sector artesanal, Sufán enfatizó en que se les produjo “un daño significativo y focalizado, que afectó gravemente a Friosur y a toda la comunidad de Aysén, donde somos uno de los principales generadores de empleo y desarrollo productivo regional”.
El presidente de la Cooperativa de Trabajadores de Friosur, Mariano Villa, complementó que “si consideramos los empleos indirectos, el número total de personas que dependen de Friosur en Aysén asciende a cerca de dos mil, con una fuerte participación femenina”.
“Es importante que se reconozca y respete la forma en que vivimos, trabajamos y hacemos patria en Aysén, evitando tomar decisiones importantes desde el centralismo que perjudiquen a nuestras comunidades. En Friosur realizamos una pesca sustentable y selectiva, por ejemplo, con redes de media agua que no tocan ni dañan el fondo marino. Es decir, cuidamos nuestro entorno”, afirmó.
Camanchaca también demandó al Estado
En febrero, la compañía pesquera Camanchaca confirmó que ingresó una demanda contra el Estado de Chile, exigiendo $90 mil millones en indemnización por, según acusó, daños por la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento pesquero introducido en la Ley 21.752.
Desde la pesquera recordaron que previamente se había consolidado un sistema de administración basado en licencias transables de pesca, “garantizando explícitamente un determinado fraccionamiento de cuotas entre los sectores industrial y artesanal hasta, al menos, 2032″, para luego una renovación “mediante un tratamiento ecuánime conforme al desarrollo del sector”.
Y en 2025 se cambió el fraccionamiento siete años antes del vencimiento, “reduciendo de forma inmediata y permanente la participación del sector industrial, sin fundamentos técnicos, científicos ni de sustentabilidad, y mermando desde ya las posibilidades de desarrollo futuro”, criticaron.
