Fue un proceso silencioso, pero sostenido. Durante semanas, en conversaciones reservadas entre parlamentarios oficialistas, principalmente de comisiones de Seguridad y Constitución, comenzó a instalarse una preocupación común respecto a la ausencia de una agenda robusta en prevención del delito, sumado a una falta de conducción política clara desde el ministerio del área.
El diagnóstico se repitió en distintas oficinas y pasillos del Congreso. Mientras el Ejecutivo concentraba su capital político en la megareforma de reconstrucción nacional y enfrentaba el impacto del alza de los combustibles, la agenda de seguridad, principal promesa de campaña, perdía tracción. A eso se sumaron los antecedentes que hoy revisa la contralora Dorothy Pérez respecto de la gestión de la ministra Trinidad Steinert, debilitando aún más la conducción del sector.
Frente a esto, el oficialismo resolvió no esperar más definiciones del Ejecutivo. Así se gestó la redacción de un documento común, trabajado por equipos técnicos y legislativos, que terminó consolidándose en la “Estrategia Nacional de Seguridad Integral y Resiliencia del Estado”.
El texto fue afinado en reuniones cerradas, con insumos de asesores, exautoridades y especialistas en seguridad, hasta convertirse en lo que podría ser una hoja de ruta que ahora tiene sobre sus manos el jefe de Estado, y en el cual participó la mesa del Senado y todo el oficialismo.
El diagnóstico: un Estado que no llega a tiempo
El documento, de 11 páginas, parte con una definición categórica sobre la realidad que enfrenta el país, al sostener que el “fenómeno criminal cambió y el Estado quedó atrás”.
“Chile enfrenta una transformación profunda de las amenazas a la seguridad […] Se trata de amenazas interconectadas, dinámicas y cada vez más sofisticadas”, se lee en el documento en que podría entenderse como crítica directa a cómo estamos: “El Estado […] sigue respondiendo muchas veces con herramientas fragmentadas, reactivas”.
Y se profundiza: “Mientras el crimen funciona por corredores, puertos, fronteras […] la respuesta pública sigue excesivamente dividida entre instituciones”, en clara alusión a la realidad que se enfrenta en el terreno práctico.
La hoja de ruta: presión legislativa
El documento no se queda en el diagnóstico, como señaló uno de los senadores oficialistas que leyó las 11 carillas que hizo llegar la mesa del Senado. En esta se define una agenda concreta que debería tener respaldo en el Congreso.
Entre estas propuestas están la “ampliación de hipótesis de flagrancia”, “tipificación del ingreso clandestino”, “protección de infraestructura crítica”, “fortalecimiento de la persecución del crimen organizado” y “nuevas agravantes para delitos contra policías y servicios de emergencia”.
Todo bajo una lógica: “El desafío central es construir una arquitectura nacional de seguridad capaz de integrar prevención, inteligencia, persecución penal […] y respuesta estratégica”.
El giro: seguridad más allá del delito
El texto amplía el concepto tradicional de seguridad, incorporando dimensiones económicas, tecnológicas y estratégicas. “La seguridad nacional contemporánea también se juega en la economía, la tecnología, la energía, los puertos […] y los recursos estratégicos”, se lee en el documento.
Incluso advierte nuevas amenazas: “La desinformación y la guerra cognitiva constituyen amenazas directas a la seguridad nacional”.
Más allá del contenido técnico, la señal es evidente: el oficialismo busca reordenar la agenda y presionar al Ejecutivo en su principal compromiso programático.
El problema de fondo: conducción política
Uno de los ejes más sensibles del documento es la falta de liderazgo en la arquitectura de seguridad. “La nueva arquitectura requiere responder una pregunta institucional básica: quién conduce estratégicamente el sistema”.
Frente a esto, se propone centralizar la conducción en un sistema nacional encabezado por la Presidencia, con coordinación permanente entre ministerios, policías y organismos estratégicos. “La seguridad debe pasar de una lógica de administración de crisis hacia una lógica de conducción estratégica del Estado”.
Listado de propuestas que contiene el documento
Conducción estratégica del sistema
– Se propone crear un Sistema Nacional de Seguridad Integral, liderado directamente por el presidente. La medida busca generar una Secretaría Ejecutiva permanente que coordine ministerios, policías, inteligencia, FF.AA. y organismos estratégicos.Nueva arquitectura de seguridad nacional
– Plantea integrar en un solo sistema: seguridad pública, inteligencia, defensa, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica. El objetivo: pasar de coordinación ocasional a una lógica “interagencial” permanente.Inteligencia, seguridad digital y tecnología
– Propone modernizar el sistema de inteligencia e incorporar capacidades tecnológicas avanzadas. Las medidas que proponen en el documento son: inteligencia estratégica, criminal y económica integrada; programa nacional de inteligencia artificial aplicada a seguridad y protección de infraestructura digital y datos estratégicos.Seguridad económica y resiliencia estratégica
– Amplía la seguridad al ámbito económico, con medidas que van en control de inversiones extranjeras sensibles, protección de cadenas logísticas y recursos críticos, seguridad energética y tecnológica, y finalmente un enfoque marítimo estratégico (puertos, cables submarinos, rutas).Macrozona Sur
– Plantea un cambio de enfoque en la zona con ciertas medidas principales, como la creación de un Comisionado Presidencial con poder real de coordinación política y operativa.
Priorización legislativa
Es el núcleo más político del documento. Entre los principales proyectos a acelerar están:
– Ampliación de flagrancia.
– Tipificación del ingreso clandestino.
– Ley de infraestructura crítica.
– Endurecimiento contra crimen organizado y terrorismo.
– Nuevas agravantes por ataques a policías, FF.AA. y Bomberos.
– Modernización de justicia militar y control de armas.
– Especialización de policías.
– Sistema nacional de gestión de datos.
Medidas administrativas y reglamentarias urgentes
1. Modernización del CICPOL: Convertirlo en un centro operativo 24/7 con monitoreo en tiempo real e inteligencia integrada.
2. Modelo policial macrozonal: Reorganizar el despliegue policial según rutas del crimen (no por regiones).
3. Seguridad municipal y privada: Acelerar reglamentos pendientes e incorporar herramientas como dispositivos no letales (Taser).
4. Viviendas fiscales: Crear política habitacional para policías y funcionarios de seguridad.
5. Salud institucional: Mejorar cobertura médica, modernizar DIPRECA y fortalecer atención de urgencia.
