El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, conversa con BBCL sobre los principales desafíos de su gestión. Los problemas en la calidad de las viviendas, las fallas de las constructoras frente al Estado, la forma de hacer política y la desaprobación del gobierno son parte de la conversación.
“Mi pega es combatir la burocracia y eso implica, claro, a veces enfrentarme a grupos que defienden más una rana que una persona”, señala al ser consultado por su tono y marcado estilo.
En materia habitacional, el secretario de Estado destaca el objetivo del gobierno de fomentar el acceso a la vivienda en propiedad. Asimismo, aborda el desarrollo urbano y los cambios normativos que busca impulsar el ministerio. Al respecto, Poduje defiende la idea de aumentar la densidad en zonas con buena conectividad y cercanas al transporte público, aunque asegura que ello no significará replicar experiencias asociadas a los llamados “guetos verticales”.
En el plano de la gestión pública, el ministro sostiene que una de sus prioridades ha sido agilizar los procesos de su cartera y mejorar la capacidad de los Serviu. En ese contexto, afirma que “claramente hay fallas de fiscalización”.
Igualmente, Poduje aborda los aspectos más políticos de su gestión. En esa línea, defiende un estilo de trabajo enfocado en la ejecución y en el contacto con los territorios, planteando que la ciudadanía demanda resultados concretos y respuestas más rápidas. “La ciudadanía tiene una paciencia muy corta”, afirma.
—Ha habido problemas en la calidad de viviendas en sectores como El Olivar en Viña del Mar y en la Villa Panamericana de Cerrillos, entre otros. Cuando llegó al Minvu, ¿con qué estándar de construcción se encontró y qué se podría hacer para que esa situación no se replique en otros lugares?
Me he encontrado, sobre todo en los departamentos sociales, que son condominios sociales; en los últimos cinco años hemos tenido que pagar como ministerio alrededor de 70 mil millones de pesos por reparaciones que no debieron haberse hecho o que no debió haber pagado el ministerio, en edificios relativamente nuevos… de diez años o menos de diez años. Tenemos otros 40 mil millones y estamos calculando que aproximadamente el 18% de los edificios, condominios sociales, tienen problemas constructivos fundamentalmente relacionados con filtraciones, con bombas impulsoras de agua, con aislación térmica. Es una situación bastante compleja.
—¿Cómo se podría contrarrestar esta situación?
Hemos tomado tres medidas. La primera, hemos reforzado el área de fiscalización de la División Técnica de ITEC, hemos creado una patrulla de ITEC, que son básicamente funcionarios que se desplazan luego de que llegan las fiscalizaciones para poder hacer los reportes inmediatos. Vamos a generar un convenio con varias instituciones para hacer fiscalizaciones aleatorias a los Serviu, que refuercen lo que hacen los Serviu, y vamos a mandar un proyecto de ley al Congreso para aumentar los plazos de vigencia de la garantía por calidad de la construcción.
—¿En cuánto se aumentaría la garantía?
En el caso de las filtraciones, que es el problema principal que tenemos, de cinco a diez años.
—Por distintas razones, son fallas de privados al Estado. ¿Ve viable la opción de que pueda existir alguna institución estatal encargada de eso? Tal como lo fue la Corporación de la Vivienda (Corvi) entre los 50 y 70, por ejemplo, ¿o lo descarta?
No, lo descartamos por ahora, pero sí vamos a tener un rol mucho más activo que el que se ha tenido hasta el momento. Hoy día, el Serviu es básicamente un organismo que pasa plata y que se independiza de todo el proceso constructivo, salvo hacer fiscalizaciones que son bastante malas, en general. Vamos a tener un rol mucho más activo en la formulación de los proyectos y, eventualmente, en el diseño de los mismos y, por cierto, que vamos a aumentar considerablemente la fiscalización. Además, esto es muy importante: vamos a diversificar la vivienda que entregamos porque hoy día casi el 80% de la vivienda social que estamos entregando en ciudades son viviendas sociales en altura, departamentos que se llaman condominios sociales sin ascensor y que tienen bombas de impulsión que generalmente fallan. Entonces, estamos tratando de aumentar considerablemente el número de casas con patio que no tienen estos problemas.
—A su juicio, ¿la responsabilidad solo radica en el Serviu? ¿Se le puede poner nombre o cargo a esta problemática?
Absolutamente. Tenemos Serviu más críticos donde se concentran los problemas y donde hay claramente fallas de fiscalización. Tenemos hoy día 15 sumarios en curso y vamos a iniciar un nuevo sumario por fiscalizaciones que no detectaron estos problemas a tiempo. También hay que decir que la mitad de estas empresas que nos fallan se declaran en quiebra o hacen uno o dos proyectos y después desaparecen. Entonces, tenemos un modelo que está en un estado de abuso básicamente para hacer proyectos que quedan inconclusos; las empresas se declaran en quiebra y se llevan los anticipos o estados de avance que no corresponden. Y ese problema es bastante grave porque ha ido aumentando; no es que sea tan importante en número, pero ha ido aumentando.
—Durante la Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast dijo que quieren un país de propietarios y no de arrendatarios. ¿Cómo se toma ese desafío? ¿A qué se debe apuntar?
Me lo tomo con toda la importancia que tiene porque en 30 años que llevo trabajando con familias, no hay nadie que quiera ser arrendatario. Por lo tanto, lo que hemos hecho es desarmar todo el esquema de arriendo que había en el ministerio. Se estaban haciendo edificios nuevos para arriendo; los hemos paralizado. Los edificios que estaban construidos para arriendo los hemos destinado a vivienda nueva. Vamos a cortar todos los programas especiales de arriendo a precio justo que se llamaban, y vamos a dejar solamente subsidio de arriendo transitorio. Esa es una primera medida bien fuerte. En segundo lugar, vamos a traspasar alrededor de 7 mil hectáreas en una primera etapa del Ministerio de Bienes Nacionales para poder subdividir esos terrenos, inscribirlos en el Serviu y poder entregarlos en propiedad. Esperamos en los próximos 12 meses entregar 50 mil terrenos en propiedad y, además, vamos a aumentar los tramos de subsidio hacia la clase media mediante el tramo 4 mil (UF), que es una iniciativa que acabamos de lanzar, y también potenciando el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), que es otra herramienta que ya existe.
—Hay un proyecto de viviendas sociales en el sector oriente de la región Metropolitana. Usted ha dicho que ha habido “resistencia” por parte de los vecinos, ¿a qué cree que responde y cómo trabajar para evitar esa situación?
Esas resistencias son normales en una ciudad segregada; Santiago es una ciudad bastante segregada y, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, más que apuntar con el dedo a nadie, es conversar con esos vecinos y explicarles que las personas que van a estos proyectos son personas que son nacidas y criadas en la comuna, tanto de clase media como segmentos vulnerables, y que no por el hecho de tener una condición socioeconómica menor van a implicar un riesgo, como muchas veces se asume. Pero eso es porque hemos hecho una ciudad muy segregada, así que vamos a conversar con los vecinos y también con los municipios que nos han pedido trabajar esto en conjunto. Ya lo hemos hecho en Lo Barnechea y lo vamos a empezar a hacer ahora en Las Condes.
—Se ha hablado mucho de los “guetos verticales”. Hubo cierta crisis en comunas como Estación Central y hoy se teme que pueda pasar lo mismo en Ñuñoa. Se vienen cambios a la Ordenanza General de Urbanismo de Vivienda (OGUC), que despertaron dudas en algunos alcaldes. ¿Qué se busca con las modificaciones y cómo se despejan esos fantasmas de hacinamiento urbano?
Lo que se busca son dos cosas. Primero, que nosotros podamos densificar zonas que hoy día tienen muy buena conectividad, que tienen estaciones de metro, líneas de metro, que tienen autopistas, pero que tienen normativas de baja densidad o muchos galpones que son industriales y que cuesta reconvertir. Entonces, lo que busca esta medida es poder densificar esos sectores para que la gente pueda vivir en barrios que estén mejor conectados y, además, que se puedan transformar estos galpones antiguos en viviendas. Y para despejar los temores, que parecen legítimos de los alcaldes, vamos a crear una mesa de trabajo; ya nos hemos comunicado con varios (…) Nosotros no vamos a implementar ningún cambio de la ordenanza que implique generar algo parecido a un gueto vertical, no vamos a liberalizar las alturas. Eso hay que dejarlo muy claro. Las alturas que definan los planos reguladores se van a mantener, salvo en aquellos casos donde podamos tener un conjunto armónico, pero ahí en ningún caso se van a multiplicar por cuatro o cinco. A lo más, en algunos casos se pueden duplicar, pero si una zona tiene tres pisos, va a llegar a seis pisos. ¿Me entiende? Los guetos verticales tienen 40 pisos.
—Más allá de la gestión, relacionada con la reconstrucción, en estos tres meses, ¿cuál ha sido su desafío más grande en términos políticos?
Yo creo que ha sido acelerar considerablemente la máquina, la operatividad de los Serviu, tanto la reconstrucción como en los programas regulares, hacer reuniones de coordinación con todos los jefes de división para poder hacer un monitoreo semanal de los avances, desplazarme mucho a terreno. Diría que la mitad de mi tiempo es estar en terreno verificando, en los lugares donde se producen los problemas y escuchando a los vecinos. Además, hemos tenido reuniones con 34 alcaldes para escucharlos directamente a ellos y ellos son los mejores canales de información que tenemos para levantar las inquietudes de los vecinos.
—¿Y el recorte presupuestario? ¿O ya es un tema que está zanjado?
Los recortes presupuestarios nosotros los aplicamos justamente aprovechando el índice de calidad de la construcción que hicimos. El ministerio tiene recursos que entrega como crédito de enlace o anticipos… Hicimos un recorte sacándole todos los anticipos que corresponden a empresas que no están rindiendo bien, empresas que tienen mala calidad postventa, y ahí hicimos el recorte del 3% que nos pidió Hacienda.
—Durante la campaña por la alcaldía de Viña del Mar, tuvo tensos cruces con la alcaldesa Macarena Ripamonti. Hoy, en su rol como ministro, ¿cómo es su relación en la coordinación? ¿Cómo está la relación con la alcaldesa?
Es una estupenda relación con la alcaldesa. Uno tiene que saber diferenciar los roles; yo no soy candidato, soy ministro de Estado y trabajo para todos los chilenos y para todos los alcaldes. La alcaldesa es, obviamente, una líder importante de la región. Tenemos que trabajar juntos en la reconstrucción y así ha sido.
—¿Y con el gobernador? ¿Se han reunido?
¿Con qué gobernador?
—El de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.
No, los gobernadores tienen un rol distinto, mucho menos incidente porque no ponen recursos. Nosotros nos hemos reunido con los gobernadores que han puesto recursos… el gobernador (Diego) Paco, ayer estuve con él, con el gobernador de Coquimbo, agradeciéndole que haya puesto recursos para comprar terrenos para vivienda social, pero con los gobernadores que no ponen recursos, generalmente no tiene mucho sentido juntarse.
—Mucho se ha hablado de las formas actuales de hacer política, del tono. Usted tiene un estilo marcado, una forma de liderazgo, pero ha recibido críticas por eso. ¿Cómo las toma?
Depende de dónde vengan, porque la verdad es que yo trato de decirle a la gente la verdad; genero presión para que las cosas ocurran porque las familias llevan mucho tiempo esperando debido a la burocracia. Mi pega es combatir la burocracia y eso implica, claro, a veces enfrentarme a grupos que defienden más una rana que una persona o que defienden más una acequia que una casa, o que defienden más un árbol que una familia. Y eso lo voy a seguir haciendo porque mi función es trabajar para las personas, hacer sus casas, por supuesto que en zonas seguras, pero hoy día tenemos un activismo ambiental bastante desatado que básicamente se opone a todo. Y con esa gente, obviamente, yo tengo que ser directo y decirle que yo represento a las familias que no tienen casa y que no tienen voz muchas veces. Yo le diría que no; en general no he tenido mayores problemas.
—¿Está satisfecho con la forma en que funciona la administración pública o preferiría cambiar algo? Habla de generar presión, ¿lo ve en las otras autoridades?
Sí, estamos haciendo un excelente trabajo con la ministra (del Medio Ambiente) Francisca Toledo, para justamente destrabar todo el tema normativo, la pésima regulación ambiental que tenemos. Estamos trabajando con el biministro (de Economía, Fomento y Turismo y de Minería), Daniel Mas, en una cartera para poder justamente avanzar en las trabas regulatorias… Lo voy a decir, hoy las familias esperan siete años por su vivienda. A veces estamos tramitando un permiso durante tres años. Todo eso es inaceptable (…) También hemos tenido reuniones con el ministro del Trabajo (Tomás Rau), justamente para ver los efectos que tiene en el empleo. Trabajamos como un equipo y estamos muy bien bajo el liderazgo del Presidente.
—El Presidente anunció un proyecto para fusionar los ministerios de Interior con Segegob, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Usted está a favor de reducir el Estado? ¿No le preocupa que en algún momento pueda pasar con el Minvu?
Siempre es bueno; más que achicar el Estado, es bueno dar respuesta más rápida a la gente. Achicar el Estado en sí mismo no es un objetivo (…) Si yo, achicando el Estado, puedo entregar la vivienda en menos tiempo, con menos costo y responder más rápido a las demandas ciudadanas, bienvenido sea. En algunos casos se justifica, en otros no, así que esa es más bien mi postura.
—Usted es de los mejores evaluados en diferentes encuestas, pero el gobierno tiene una desaprobación bastante alta. ¿Cómo lo ve? ¿A qué cree que responde esa perspectiva ciudadana? Más allá de su evaluación.
Yo creo que hoy día la ciudadanía tiene una paciencia muy corta y hay que responderle rápido, hay que plegarse, hay que escuchar, hay que bajarse del pedestal en que muchas veces ha estado la política y caminar, estar con las personas y cumplir. Mire, yo cada vez que voy a un barrio, la primera reacción de las personas es que no confían en nada, no creen en nada, porque están decepcionadas de la política en general, más allá del gobierno, de este u otro. Y la única forma de resolver eso es con acciones concretas que demuestren que nosotros venimos acá, como dice el Presidente, a trabajar por la familia para que tenga una mejor calidad de vida. Eso tiene que traducirse en hechos.
