Una fiscalización nocturna en el Terminal Pesquero Metropolitano terminó escalando hasta los tribunales penales. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) interpuso una querella criminal por una operación que, según el propio organismo, no solo vulnera la normativa pesquera, sino que abre flancos tributarios y ambientales de “alta gravedad”.
De acuerdo con el libelo, los hechos ocurrieron en Semana Santa, 30 de marzo de 2026, cuando inspectores detectaron un cargamento con miles de kilos de productos del mar transportados sin respaldo completo. En el detalle, según se lee en la querella, se incautaron “16.500 kilogramos de Reineta (Brama australis), 486 kilogramos de Merluza común, 346 kilogramos de Jibia y 177 kilogramos de Bonito”, constatándose además un excedente sin documentación.
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El punto crítico, sin embargo, no fue solo el volumen. Según la querella, “se concluye que ambos recursos fueron trasladados […] sin su correspondiente Acreditación de Origen Legal (AOL)”, requisito esencial para garantizar trazabilidad en la cadena productiva, especialmente en productos como estos.
La presentación judicial identifica como imputados a un transportista, Miguel Ángel Benavente Pérez, domiciliado en Pelluhue, región del Maule, y a la Comercializadora de Productos Marinos Sabor a Mar SpA, representada legalmente por Felipe Celestino Sáez Quezada.
En la querella se sostiene que la documentación fue emitida de manera extemporánea, lo que refuerza la hipótesis de una operación irregular.
Recurso en sobreexplotación
El caso adquiere mayor gravedad por el tipo de recurso involucrado, según expone Sernapesca, al advertir que “esta infracción adquiere especial gravedad en el caso de la reineta, toda vez que este recurso se encuentra formalmente en estado de sobreexplotación”.
Desde el punto de vista jurídico, el Servicio sostiene que se configura el delito previsto en el artículo 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que sanciona la comercialización de recursos hidrobiológicos sin acreditar origen legal cuando estos se encuentran en estado crítico.
En esa línea, la querella es categórica: “Los querellados almacenaron, transportaron y comercializaron especies hidrobiológicas en estado crítico […] sin contar con la correspondiente Acreditación de Origen Legal”.
Patrón reiterado y modus operandi
El Servicio va más allá de un hecho aislado. En la querella se advierte que este tipo de conductas responde a un patrón habitual dentro del mercado ilegal.
“Dicha conducta es habitual entre los transportistas de recursos hidrobiológicos ilegales, quienes suelen replicar el volumen de carga en distintos viajes”, indica el escrito, apuntando a una lógica sistemática de evasión de controles.
Además, se subraya la responsabilidad del transportista como actor experto: “No podía menos que conocer la ilicitud de la procedencia y la vulnerabilidad de la especie”, lo que, a juicio del organismo, configura el elemento subjetivo del delito.
Arista tributaria
El caso no se agota en la normativa pesquera. La querella abre una segunda línea de investigación vinculada a delitos tributarios.
El Servicio sostiene que “la actividad descrita sugiere un intento de evasión de la normativa tributaria mediante la comercialización ilícita de recursos no declarados”.
En concreto, se apunta a infracciones del artículo 97 del Código Tributario, vinculadas al comercio de bienes sin respaldo documental y sin pago de impuestos.
La tesis es que la falta de trazabilidad impide declarar legalmente los productos, configurando un circuito paralelo de comercialización.
Impacto ambiental y persecución penal
El trasfondo del caso, que se puede desprender de la querella, es la protección del recurso marino. La legislación vigente endurece las sanciones precisamente cuando se trata de especies en estado crítico.
“El bien jurídico afectado, la sustentabilidad hidrobiológica, sufre un daño potencialmente irreversible”, sostiene Sernapesca, justificando la persecución penal con penas que incluyen presidio y multas de hasta 2.000 UTM.
La querella solicita, además, diligencias económicas, intervención de la Policía de Investigaciones y la eventual participación del Servicio de Impuestos Internos, lo que abre un escenario de investigación más amplio sobre redes de comercialización ilegal.
La caída de la red detectada en Valdivia
La querella de Sernapesca se produce en un contexto más amplio de fiscalización del mercado ilegal de productos del mar.
Un caso que se conoció el martes 8 de junio reveló que en Valdivia existía una estructura que operaba con participación de funcionarios públicos, incluyendo tres carabineros y un trabajador municipal.
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Ese antecedente, donde se investigan redes dedicadas a la comercialización clandestina de productos del mar, refuerza la hipótesis de que los productos detectados en Santiago podrían formar parte de circuitos mayores de abastecimiento irregular que provienen de distintas partes.
En su mayoría, no solo sería extracción ilegal, sino robo a empresas formalmente constituidas, como era el caso de Valdivia.
La coincidencia de patrones, falta de trazabilidad, documentación extemporánea y volumen de carga instala una línea investigativa sobre dónde y cómo se comercializan los productos del mar.
