Fiscalía afirma que alertas de UAF impulsaron desarticulación del brazo financiero del Tren de Aragua

La Fiscalía Nacional, dirigida por Ángel Valencia, emitió una declaración pública este martes 9 de junio donde se refirió a los informes elaborados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que alertaban sobre operaciones del Tren de Aragua y acerca del ejecutivo del banco Santander, consignados por Ciper. Esto generó dudas sobre sobre el manejo de dicha información por parte del Ministerio Público.

“Los informes remitidos por la UAF fueron efectivamente recibidos por esta institución y, conforme al procedimiento vigente, analizados por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales que investigaban los hechos o las personas mencionadas en dichos reportes”, señaló la Fiscalía.

La información contenida en esos documentos, según la Fiscalía, se utilizó en investigaciones relacionadas con el financiamiento y las estructuras patrimoniales de organizaciones criminales, incluyendo causas vinculadas al Tren de Aragua.

Entre los resultados de ese trabajo se encuentra el operativo desarrollado durante el año 2025 por equipos investigativos de tres regiones del país, conocido como “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua”. Ese procedimiento permitió la detención de más de 50 personas; el congelamiento de más de 350 cuentas bancarias y de criptoactivos; la identificación de operaciones de lavado de activos por varios millones de dólares; y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional, expuso la entidad persecutora.

Precisión sobre la tramitación de los informes de la UAF

La Fiscalía Nacional sostuvo que no resulta efectivo afirmar que los antecedentes remitidos por la UAF no hayan sido objeto de análisis o que no hayan generado actuaciones investigativas. “Por el contrario, dicha información ha sido incorporada y utilizada en diversas investigaciones que han derivado en formalizaciones, medidas cautelares, condenas por lavado de activos, cooperación internacional y procedimientos de persecución patrimonial tanto en Chile como en el extranjero”, agregó la declaración.

Asimismo, el Ministerio Público precisó que la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia ni en el conocimiento personal del Fiscal Nacional. Conforme al diseño institucional, estos antecedentes son procesados y distribuidos a través de las unidades especializadas competentes y luego remitidos a las fiscalías regionales.

La declaración indicó además que durante la actual administración se fortalecieron los mecanismos de coordinación con la UAF mediante el Oficio FN N°101/2025, que reemplazó al Oficio N°77/2019 e impartió nuevos criterios de actuación para la investigación de los delitos de lavado de activos.

Ese instructivo estableció como diligencia mínima de investigación financiera y patrimonial la obligación de requerir información a la UAF cuando no conste en la carpeta investigativa un informe de esa institución. El fiscal debe consultar la existencia de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) o Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo respecto de las personas naturales o jurídicas investigadas.

Revisa la declaración de la Fiscalía Nacional, aquí:

Antecedentes de los documentos enviados por la UAF

La declaración de la Fiscalía Nacional se produjo luego de que el citado medio publicara que existen al menos cuatro documentos despachados por la UAF entre abril de 2024 y mayo de 2026, los cuales fueron enviados directamente al fiscal nacional, Ángel Valencia. Dichos reportes contienen alertas de bancos sobre movimientos de dinero de la red del Tren de Aragua.

Los documentos incluyen alertas sobre sociedades detectadas en la red, entre ellas las empresas Bexdigital Service y BexGroup, identificadas en la investigación como las principales receptoras de fondos de la organización liderada por un sujeto conocido como “Yefri” y vinculada a Carlos Gómez Moreno (“Carlos Bobby”), miembro de alta jerarquía del Tren de Aragua en Chile.

En los reportes remitidos a Valencia, la UAF también advirtió movimientos bancarios de algunos de los principales imputados en la indagatoria, entre ellos el ciudadano venezolano José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander hasta su detención el pasado 2 de junio. También figuran reportes sobre Joel David Díaz, pareja de la funcionaria externa del BancoEstado Rossana Blanco, quien también fue detenida.

Uno de los antecedentes destacados es la fecha del primer documento despachado por la UAF: abril de 2024, al menos dos meses antes de la balacera ocurrida en una parcela de Lampa, que el 15 de julio de ese año dejó cinco personas fallecidas. La investigación que permitió desbaratar la organización se originó a partir de ese episodio, tras recuperar los investigadores un teléfono iPhone 13 Pro Max de Bárbara Henríquez, alias “Barbie”, sindicada como uno de los principales brazos operativos de la red.

Entre las entidades financieras que emitieron alertas por operaciones sospechosas se encuentran al menos el Banco Falabella, el Banco de Chile y el Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Los reportes incluyeron advertencias por movimientos en las cuentas de José Pérez Asencio, debido a operaciones que no se ajustaban a su capacidad económica, con ingresos superiores a $292 millones en una de sus cuentas entre diciembre de 2023 y enero de 2025.

También se registró que Marcos Reyes Acosta, constituyente de Servicios Digitales BexGroup SpA, una de las sociedades de fachada por cuyas cuentas circularon más de $17.270 millones, habría recibido transferencias por cerca de $761 millones entre octubre de 2024 y marzo de 2025, con un promedio mensual de $128 millones.

Otra advertencia señaló discrepancias entre los ingresos percibidos por Joel David Díaz y sus actividades económicas declaradas, registrando un depósito en efectivo de $19 millones en marzo de 2025. Asimismo, hubo alertas por una de las cuentas de Jessica Yurimar Hernández Carrero, identificada como una “presta cuentas”, que recibió traspasos por más de $56 millones entre febrero de 2022 y octubre de 2025, pese a no registrar una actividad remunerada formal.