La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación disciplinaria contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por supuesta intervención indebida en política a través de publicaciones en una red social entre 2023 y 2025. La representante investigadora, Gloria Isabel Ariza, ha ordenado examinar 15 mensajes difundidos desde la cuenta personal del mandatario para determinar si constituyen una falta disciplinaria.
Según el auto emitido, se considera necesario iniciar una investigación para verificar los hechos denunciados, establecer las circunstancias y determinar su relevancia legal. Se han ordenado diligencias como la incorporación de las publicaciones y capturas de pantalla, así como la verificación técnica de los contenidos en la red social en cuestión. La Policía Judicial deberá autenticar los mensajes, identificar datos asociados, documentar elementos como fechas y enlaces, y asegurar la cadena de custodia del material recopilado.
La Comisión también ha solicitado al Departamento Administrativo de la Presidencia certificar si la cuenta del presidente (@petrogustavo) ha sido utilizada oficialmente como canal de comunicación. Se requiere información sobre quienes han tenido acceso a la cuenta, dispositivos utilizados, protocolos de elaboración de contenidos, políticas relacionadas con redes sociales y participación política, así como datos de prensa y estrategia digital de la Presidencia.
La apertura de esta investigación ocurre durante la campaña para la segunda vuelta presidencial en la que se enfrentan Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda. En Colombia, está prohibido que los funcionarios públicos intervengan en actividades políticas, a excepción del voto. Además, el presidente cuenta con fuero constitucional mientras esté en el cargo, por lo que no puede ser investigado por la Justicia ordinaria.
La Constitución designa a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes como el órgano competente para investigar denuncias contra el jefe de Estado por posibles delitos o faltas disciplinarias.
