La investigación en torno al caso Sartor continúa avanzando y ahora se centra en dos operaciones llevadas a cabo por el club Universidad de Chile durante el mercado de fichajes. Los nombres de Ignacio Tapia y Gabriel Castellón han surgido en una nueva línea de investigación que busca esclarecer si dichos traspasos se realizaron en condiciones que podrían haber afectado económicamente a Azul Azul.
Según información revelada por Reportajes T13 y contenida en el expediente judicial, el Ministerio Público está investigando las discrepancias en los montos registrados en ambas operaciones procedentes de Huachipato. Esta investigación también abarca el origen de los recursos utilizados para la propiedad de Azul Azul.
En el primer caso, se encuentra el traspaso del defensor Ignacio Tapia en 2022, donde Azul Azul adquirió el 50% de su pase por US$900 mil, a pesar de que un año antes se habría ofrecido el 100% de los derechos del jugador a La U por solo US$400 mil, lo cual ha generado sospechas entre los investigadores.
La segunda operación en revisión implica al arquero actual del equipo, donde se informó públicamente que el club compró el 50% de su pase por US$1,1 millones en 2024, a pesar de que se habría comunicado una cifra cercana a los US$412 mil, lo que también es objeto de investigación.
Las sospechas de la Fiscalía apuntan a determinar si algunas negociaciones entre Huachipato y Universidad de Chile pudieron favorecer a intereses relacionados con personas vinculadas a la propiedad de Azul Azul, incluyendo al exdirigente de Huachipato, Victoriano Cerda. Por esta razón, durante el allanamiento realizado en el Centro Deportivo Azul (CDA), la PDI incautó documentación financiera, contratos de jugadores y otros antecedentes relacionados con los fichajes del club.
