Tras llegar a un acuerdo con la Comisión de Gobierno del Senado, el Ejecutivo decidió revertir la indicación en la Ley de Migraciones que permitía solicitar datos de extranjeros en hospitales y escuelas durante procesos migratorios. En su lugar, presentó una nueva propuesta que excluye estos casos, al tiempo que refuerza los controles en otros organismos.
La senadora Danisa Astudillo, presidenta de la Comisión de Gobierno, comunicó que la polémica indicación no continuará, evitando así que los centros educativos y de salud se conviertan en lugares de supervisión migratoria.
Posteriormente, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, confirmó la información, explicando que se ha acordado una nueva propuesta consensuada con los senadores para ampliar la obtención de información de entidades públicas y privadas, excluyendo hospitales, escuelas y menores de edad.
El objetivo es facilitar las expulsiones pendientes, permitiendo obtener datos de contacto para notificar a personas que deben ser expulsadas y que a menudo son difíciles de localizar.
El acuerdo busca que organismos ajenos a la educación y la salud colaboren en la notificación de expulsiones de extranjeros ilegales, asegurando el respaldo ciudadano necesario para ubicar a las personas y proceder con las expulsiones.
La senadora Astudillo valoró positivamente el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, destacando la importancia de concentrar el proyecto en su objetivo principal y proteger a niños y adolescentes de la fiscalización migratoria en entornos educativos y de salud.
Este acuerdo refleja la voluntad de legislar de manera efectiva, dejando de lado las consignas para implementar medidas que realmente funcionen y cumplan con las expectativas de la ciudadanía.
