En medio de la controversia generada por el informe de fiscalización del Poder Judicial que reveló incumplimientos históricos en notarías y conservadores a lo largo de más de 30 años, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile emitió una declaración pública para abordar la situación y mitigar el impacto en la institución.
El gremio enfatiza que ha habido supervisión y fiscalización por parte de los fiscales judiciales en todo el país, de forma mayoritariamente proactiva y en conformidad con la normativa legal vigente. Esta respuesta busca contrarrestar las críticas sobre posibles deficiencias estructurales en los mecanismos de control.
En cuanto a las fianzas exigidas a notarios y conservadores, la asociación explica que el sistema de cauciones establecido en el Código Orgánico de Tribunales requería su constitución al asumir el cargo, admitiendo que algunas podrían necesitar actualizarse. Destacan que más del 70% de sus asociados han adquirido seguros de responsabilidad civil adicionales, incluso por montos superiores a los exigidos por ley, como medida para hacer frente a posibles indemnizaciones.
Respecto a la declaración de intereses y patrimonio, la asociación traslada la responsabilidad de control a las fiscalías judiciales, argumentando que estas han cumplido cabalmente con esta labor, según lo establecido por la Corte Suprema.
En relación a la contratación de familiares, la asociación señala que la nueva normativa no puede aplicarse de manera retroactiva, ya que en esos casos prevalecen el Código del Trabajo y la protección de derechos adquiridos.
Por último, el gremio evita interpretar la nueva legislación, destacando que esa tarea corresponde a los tribunales de justicia, principalmente a la Corte Suprema en su rol de supervisión de los auxiliares de la administración de justicia.
Este pronunciamiento se da en un contexto de alta presión sobre el sistema notarial tras la exposición de deficiencias históricas en fiscalización y control. Más que cerrar el debate, la declaración establece una postura de defensa institucional basada en el cumplimiento formal de la normativa, la distribución de responsabilidades en el sistema judicial y la negativa a interpretaciones retroactivas que puedan llevar a sanciones.
