Después de que a Daniela la detuvieran al interior de la cárcel de Punta Arenas, no le quedó otra opción que sentarse frente a Gendarmería y declarar. Las razones eran obvias. Entre medio de sus carpetas tenía dos celulares y un cargador que iban directamente a las manos de un interno, José Navia Riquelme.
Daniela iba confiada, o eso acusó el tribunal en su audiencia de formalización. Bajo su rol de trabajadora social de la Defensoría Penal Pública (DPP) de Magallanes, pensó que lo lograría. Otra vez. Pero cuando el detector de metales sonó y le preguntaron por qué lo hacía, respondió que sabía que estaba prohibido, pero “no que era un delito”.
En su declaración aludió que no tenía otra opción. Que después de entrevistarse con el interno Navia Riquelme, sintió miedo.
—Cuando yo le digo que no, él me señala que sabe dónde yo vivo, que conoce a mi familia, como en tono de amenaza —confesó la trabajadora social.
Con lo que no contaba Daniela es que Navia Riquelme también declararía. Y que además, tenía pantallazos de las conversaciones entre ambos.
—Yo le solicité que me ayudara con la trasferencia de un auto que yo había vendido. Ella me solicita si yo la puedo ayudar con dinero y que ella podría entrarme algunas cositas (…) Empezó a solicitarme $700 mil pesos para cubrir un arriendo —aclaró Navia.
Con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la prisión preventiva por el delito de cohecho cometido por funcionario público. Su defensa apeló e interpuso un recurso de amparo. Sin embargo, se concluyó que al interior de la cárcel “el condenado tenía una pyme para vender celulares a otros internos”.
Su abogado defensor, José Agüero Núñez, expuso a Bío Bío Investiga que casi toda su declaración es verdad, menos lo de las amenazas. “Lo hizo por falta de dinero”, explica. Lo que más recalca es que Daniela no era funcionaria pública y por lo mismo, no pueden imputarle el delito de cohecho.
Carpeta azul
La declaración de Daniela duró una hora con cincuenta y dos minutos. Fue el 26 de mayo, el mismo día que la descubrieron intentando ingresar dos celulares al penal. Lo primero que contó fue cómo la atraparon:
—Previo al segundo registro que me efectuaron. En ese instante el funcionario me solicita la carpeta de color azul que yo traía. En el interior de ésta estaba un cuaderno de color calipso cuadriculado donde en la tapa posterior yo adosé dos teléfonos celulares y un cargador tipo caja de color negro.
Después vino el interrogatorio:
—¿Usted podría señalar a quien venían dirigidos estos teléfonos celulares?
—Al interno José Navia Riquelme, del módulo E.
—¿De dónde saco los teléfonos celulares y sus accesorios?
—Los fui a retirar el día de ayer lunes 25 de mayo en el sector sur de Punta Arenas. Esa dirección me la dieron por WhatsApp. Estos [celulares] me los pasó una mujer muy delgada y con el pelo tinturado de color rojo.
—¿Usted recibió algún tipo de pago económico por el ingreso de los teléfonos celulares?
—No, ninguno.
“Tengo miedo”
Las siguientes preguntas fueron relacionadas al tipo de relación que tenía con el interno José Navia. Según ella, no existía ningún vínculo. “Solo vengo a entregar información penal y registrar sus requerimientos como condenado”, manifestó.
Daniela planteó que el contacto entre ambos inició tras una reunión. Ella fue a hacer lo suyo como trabajadora social y se encontró con él. Terminó dándole su número personal y siguieron conversando por ahí.
—Él me escribía ya que en algún momento Navia me solicitó mi número telefónico para que su familia se contactara conmigo, para saber de él ya que siempre estaba castigado y no tenía comunicación con ellos. Yo le dije que no tenía problema en ser ese nexo con sus familiares —se justificó.
Según su declaración, Navia Riquelme “tomó más confianza”.
—En una de las entrevistas me señala que él me podría ayudar económicamente si es que yo le ingresaba un teléfono celular a la cárcel. Le señalé que no porque podía perder mi trabajo.
Le ofreció $100 mil pesos por teléfono ingresado. Daniela asegura que volvió a decir que no, que no podía. Fue entonces cuando, según la trabajadora social, el imputado la amenazó con su familia. “Sentí miedo y me quedé callada”, aseveró. Luego cambiaron de tema de conversación.
Al día siguiente de ese encuentro Navia comenzó a llamarla; tres veces al día si era necesario.
—Insistió en qué día iba y si lo iba a ayudar. Le indico nuevamente vía telefónica que no lo puedo ayudar. Es en ese instante en el cual me pregunta “usted tiene un hijo grande, yo se dé el”. A raíz de eso yo accedo a ayudarlo.
—¿Usted sabía que no se podía ingresar celular a la cárcel?
—Sí, lo sabía, pero no sabía que era delito.
—¿Tiene algo más que agregar a la presente declaración?
—Quiero señalar que tengo miedo porque mis hijos están en la calle. Me sentí amenazada y vulnerable, pensé que les podía pasar algo a ellos. De forma voluntaria pasaré mi teléfono y ahí está registrado el número de donde provenían las llamadas y los WhatsApp.
Su abogado, José Agüero Núñez, aclaró que lo de las amenazas no eran ciertas. Según sus palabras, dijo eso porque nadie la asesoró al momento de declarar.
—Lo hizo por falta de dinero y colapso familiar —precisó.
Ingresar algunas “cositas”
Hasta ahí, la versión era solo la de Daniela. Pero el mismo 26 de mayo Gendarmería decidió entrevistar a José Navia Riquelme. Antes, eso sí, hicieron un allanamiento en su celda. Lo encontraron con el celular en las manos. Al rato lo derivaron a enfermería para constatar lesiones.
—Efectivamente el día de hoy tenía que venir a verme la Srta. Daniela de la defensoría, quien debía traerme dos teléfonos celulares que estaban pendientes de un pago que yo ya le había efectuado —arrancó de entrada —Ya me había entregado dos teléfonos antes cuando me había venido a ver.
Contó que todo partió cuando él le pidió ayuda con una venta de un auto. A raíz de aquello, Daniela aceptó y a cambio le preguntó si le podía “ayudar con dinero”. Ella por su parte podía ingresarle algunas “cositas”.
—¿Cuánto dinero le solicitó?
—Empezó a solicitarme $700 mil pesos. Me señaló que tenía que cubrir un arriendo. Posteriormente, no recuerdo en qué fecha, ella se contactó conmigo por llamada vía WhatsApp. Me dijo que estaba en la clínica y que necesitaba plata urgente para su hijo. Ahí me solicitó un adelanto de $100 mil pesos.
Fue el papá de Navia quien efectuó la transferencia a Oscar Segovia, pareja de Daniela, el 11 de mayo por un monto de $300 mil pesos.
—¿Cuáles eran las “cositas” que acordaron que ella entrara por el dinero prestado?
—Acordamos de forma mutua cuatro teléfonos celulares por un valor de $100.000 pesos cada uno. Yo le adelanté los $100 mil depositados y a posterior le realice una nueva transferencia de $300 mil pesos, a la misma cuenta de Segovia, siendo mi papá nuevamente quien efectuó el depósito. Una vez depositado el dinero, me ingresó los primeros dos teléfonos, quedando pendientes los dos últimos teléfonos que eran los que tenían que ingresar el día de hoy.
Los mensajes
Navia Riquelme puntualizó que el trato que tenía con Daniela era solo para ingresar celulares. Ningún otro objeto. También admitió que ninguna otra persona estaba involucrada. Ni Gendarmería ni la Defensoría Penal Pública. El pacto, solo la involucraba a ella.
—Ella me señalaba que esto era secreto y que no se debía divulgar. Siempre me lo recalcaba —confesó.
Navia también entregó su celular para que lo periciaran. Y aunque la mayoría de las conversaciones entre ambos ya no estaban, él le había sacado pantallazos a algunas partes precisas. “Por supuesto eliminó muchas partes, me imagino que por una conveniencia personal”, manifestó en la audiencia de formalización la fiscal Johanna Irribarra Alarcón.
Algunos mensajes iban así.
Daniela: Ya bacán.
Navia: Gracias.
Daniela: No le comentes a nadie, por favor, para que no tengamos problemas. Que quede solo entre nosotros.
Navia: No señorita, obvio. Siempre discreto. Ni a la señorita Priscilla le diré. Bueno, si mientras nadie, mejor así. Usted me ayuda con lo que de repente necesite, así cadenas o mi reloj que quería cambiarlo. Pero eso, tranqui no más.
Navia: Consulta aparte. Usted me podría ayudar con una transferencia de un vehículo que tengo a mi nombre o debe ser mediante notario. Lo otro que quería consultar, un amigo que puede que tenga orden de arresto o algo pendiente. Eso igual me podría consultar. Ahí me avisa, por favor.
Daniela: Si te puedo ayudarte, tendría que hacerlo mi marido. ¿Y cuánto crees tú que me podrías pagar? Tiene que mandarme los datos. Yo te ayudo. Oye, tú tení que hacerme un préstamo mientras yo te hago todos los trámites.
Navia: (Le adjunta comprobante por $300 mil pesos) Listo, ahora usted no me falle, jajaja.
Daniela: Súper, muchas gracias, no, no te fallaré 👍🏼.
Navia: Estamos al habla para ir por lo demás.
Daniela: Sí, obvio.
Abuso de confianza
Con estos antecedentes, la fiscal Johanna Irribarra acusó que Daniela infringió sus deberes al recibir dinero por ingresar celulares. Según el Ministerio Público, los hechos constituyen el delito de cohecho agravado en carácter de reiterado. Peor aún, porque vienen de una funcionaria pública.
—Se concluyó que habían antecedentes de que al interior de la cárcel existió un pago de dinero para la internación de celulares, que es posible deducir que habrían al menos tres pagos, que el condenado tenía una pyme en la cárcel para la venta de celulares a otros internos. También se hizo énfasis en el carácter de funcionaria pública que tendría la asistente social que presta servicios para la defensoría penal— expresaron.
Solicitaron la prisión preventiva. Justificaron, en primer lugar, que era un peligro para la sociedad por la gran cantidad de estafas que surgen desde el interior de la cárcel. Y segundo, por “cómo afecta esto a la legítima confianza que las personas tienen en las instituciones públicas”.
—La imputada se hizo valer de la función pública que ejecutaba al momento de los hechos, la que por esencia le permitía un contacto directo con los condenados y/o usuarios de la Defensoría (…) La gravedad del hecho estaría dada por el abuso confianza en el que incurrió, al ingresar teléfonos a la cárcel, sabiendo que estaba prohibido— explicaron.
¿Funcionaria pública?
Su defensa, —a cargo de la DPP en un principio y hoy del abogado José Agüero Núñez— apeló. Insistió en que no era funcionaria pública porque su contrato inició a través de una licitación que se ganó la Defensoría Penal Pública. Es decir, una empresa externa contrató sus servicios. Por lo mismo, no era posible imputarle cohecho.
—Quien ejerce la función pública es el abogado que se adjudica la licitación de defensa penitenciaria— exponen.
Para apelar la decisión del tribunal interpusieron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, pero fue rechazado porque se les venció el plazo.
—En efecto, en el caso de Daniela, se desconoce su calidad de “funcionaria pública” para la obtención de beneficios, ventajas o privilegios que provengan del Estado: su salario carece de los reajustes anuales realizados por el Ejecutivo (…) Dicho de otro modo: “para lo bueno”, es una trabajadora particular, “para lo malo” es considerada funcionaria pública.
La defensora regional de Magallanes, Verónica Reyes Cea, detalló a este medio que se inició un procedimiento sancionatorio y un proceso de inspección a la empresa licitada que presta servicios de la DPP. En su caso también defienden que no era una funcionaria pública.
—Era una prestadora de servicios para la empresa licitada, no era funcionaria ni de planta ni a contrata, en la Defensoría Penal Pública, únicas calidades reconocidas por el estatuto administrativo. Tanto es así que tras ser detenida, imputada y enviada a prisión preventiva, fue despedida por su empleadora por no presentarse a trabajar tres días seguidos.
Su abogado, José Agüero, defiende que le están imputando un delito que no es. Mucho menos en carácter de reiterado. Además, Daniela no tiene antecedentes previos y ha colaborado con la justicia. Lo más grave, a su juicio, es que tiene problemas de salud desde hace 15 años y no le han entregado sus medicamentos.
