Camila Flores Oporto enfrenta un nuevo lío judicial. A las acusaciones por fraude al fisco se suma ahora una demanda para que pague más de 18 millones de pesos a uno de los proveedores de la campaña que la catapultó de diputada a senadora de la República.
De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, se trata de un entramado en el que converge la figura de una excandidata de la UDI, supuestos “empresarios chinos” que “deseaban tener línea directa” con Flores y calendarios magnéticos con la imagen de la hoy cuestionada parlamentaria que nunca nadie pagó.
Y aunque la senadora niega “categóricamente” haber solicitado los servicios de la imprenta, imágenes evidencian a su escolta policial retirando una parte de la propaganda desde dependencias de la fábrica en Santiago Centro: iba a bordo del vehículo con cargo fiscal que Camila Flores mantiene asignado para apoyar su función como parlamentaria.
María Ester: la gestora
La historia comenzó antes cuando faltaban pocas semanas para que se terminara el plazo legal de campaña para las elecciones que se disputarían en noviembre de 2025. Camila Flores era una de las cartas fuertes de la derecha en la región de Valparaíso. Con dos periodos como diputada a cuestas, su figura había alcanzado notoriedad nacional. Y si bien no obtuvo resultados esperados, le alcanzó para obtener el último de los cinco escaños de la 6° Circunscripción.
Fue en ese contexto que Luis Villa Villar, quien asesora a empresarios chinos recibió el llamado de una vieja conocida: María Ester Munnier, una psicóloga de Villa Alemana, exdirectora regional del Senda, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y excandidata al Consejo Regional de Valparaíso.
La idea de Munnier, según cuenta Luis a BBCL Investiga, era ver la posibilidad de gestionar un “apoyo” para la candidatura de Flores. En simple, quería replicar el respaldo que ella misma obtuvo un año antes, cuando intentó sin éxito obtener un escaño para el Consejo Regional de Valparaíso. Él personalmente —asegura— le ayudó a conseguir recursos para su campaña.
—A través mío unos empresarios chinos le ayudaron a María Ester para su candidatura. Empezamos a tener buena comunicación y ella después me llamó para ver si yo podía conseguir gente que ayudara a Camila Flores. Dijo que ella [Camila] me quería conocer —rememora.
Fue así como se gestó una reunión en la que participó Camila Flores, su esposo Percy Marín, María Ester Munnier y Luis Villa Villar, en representación de los potenciales colaboradores de la campaña de origen asiático. El encuentro —dicen fuentes consultadas por esta Unidad de Investigación— se materializó el lunes 27 de octubre en el Restaurant Iruanai de Viña del Mar.
—Me pidieron si yo podía contactar una imprenta porque necesitaban hacer unos trabajos para la candidatura y ahí yo los puse en comunicación con mi tío, Hugo Villar, para que acordaran los términos. Ahí fue cuando a través de sus asesores solicitaron el trabajo a él de forma particular —añade.
Sobre cómo se iba a financiar el servicio, Luis Villa asegura que —en principio— serían empresarios chinos para los que él trabaja quienes se habían mostrado dispuestos a correr con los gastos de impresión y con los de un show de cierre de campaña que nunca se concretó. Eso —confidencia Villa— a cambio de tener “buena llegada” con la autoridad.
Forma de agilizar
Según explica el intermediario, “a los chinos les gusta ayudar a los políticos” para agilizar cualquier tramitación en las que éstos puedan intervenir.
—No es lo mismo cuando un documento queda abajo del escritorio a que quede arriba —grafica Villa, en clara alusión a la posibilidad de recibir un trato privilegiado en reparticiones públicas.
Luis dice que Hugo Villar Lara, su tío y dueño de la imprenta, trabajó a toda máquina para lograr cumplir con el pedido.
María Ester Munnier, fuera de micrófono, no sólo confirma el encuentro sino también admite haberlo orquestado. Eso sí, descarta haber solicitado apoyo explícito de empresarios chinos para Camila Flores, sin precisar en todo caso cuál fue el objetivo de la reunión. También niega haber recibido apoyo de ellos para su propia campaña en 2024.
El escolta de Camila
Para los primeros días de noviembre, los imanes con la fotografía de Camila Flores en solitario y otras junto a su aún cónyuge, Percy Marín, ya estaban siendo retiradas por su equipo en la imprenta ubicada en calle Bío Bío, Santiago Centro.
De eso, hay dos pruebas. Primero, por imágenes a las que accedió esta Unidad de Investigación que comprueban que el retiro se hizo en el vehículo que la parlamentaria tiene destinado como apoyo a sus tareas parlamentarias. Es decir, financiado con fondos fiscales.
Quien conducía el vehículo, según los mismos registros, corresponde a un funcionario de Carabineros del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) que tenía asignado la diputada tras recibir amenazas. Se trataría del mismo efectivo que la acompañaba el domingo 9 de noviembre de ese año cuando un individuo increpó a la entonces diputada, quien realizaba campaña en la Feria Caupolicán de Viña del Mar.
☠️ "Corrupta"
Porque un hincha de Everton le dijo unas cuantas verdades a la Diputada Camila Flores en una feria de Viña del Mar. La parlamentaria andaba al parecer con escolta policial.
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— Es Tendencia a esta hora… (@Tendencias_PQ) November 9, 2025
Y en segundo lugar, Bío Bío Investiga tuvo a la vista mensajes enviados el 6 de noviembre por el exasesor de Camila Flores, Julio Lillo, solicitando al sobrino de Hugo nuevas entregas de calendarios magnéticos.
“Le escribe Julio Lillo del equipo de la diputada Camila Flores. Hablé con Isabel y me pidió que me contactara con usted para poder retirar imanes de la diputada y Percy, ya que mañana tenemos dos eventos grandes y necesitamos del diseño donde salen ambos”, mensajeó el asesor.
Si bien no está claro a qué eventos se refería, precisamente en los días siguientes Flores y Pery realizaron varios cierres de campaña en distintas comunas de la región.
La “donación” y el fuero
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando los pagos de los empresarios chinos por los servicios de la imprenta no se concretaron.
—Ella [Camila] siempre pidió que le ayudaran los empresarios a pagar la factura (…) Después yo hablé con los chinos y no la quisieron ayudar porque no les contestó nunca el teléfono. A mí tampoco me contestaron nunca más —dice Luis.
Otra fuente acota:
—Camila siempre se refería a los imanes como una “donación”.
Fue así como el dueño de la imprenta decidió demandar a Camila Flores para forzar el pago de los 18,3 millones que se le adeudan.
En consecuencia, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá designar la próxima semana a un ministro de fuero para que se pronuncia sobre la admisibilidad de la acción judicial del comerciante capitalino.
En su calidad de senadora de la República, Camila Flores Oporto goza del fuero parlamentario, lo que impide que sea sometida a un proceso judicial sin autorización previa de los tribunales superiores.
Como sea, el objetivo de Villar y sus abogados es perseguir el dinero correspondiente a una factura que —al tratarse de un servicio del que no existe registro formal— recién emitió el 7 de mayo de este año.
En el documento tributario se detalla la prestación para la campaña senatorial de Flores: 40 mil “imanes publicitarios” con un costo de $15,3 millones + IVA. Es decir, poco más de $18,3 millones en total.
De acuerdo con el escrito ingresado para su tramitación el 5 de junio, en primer lugar se solicitó al tribunal de alzada porteño que ordene la notificación judicial del documento tributario con el objetivo de preparar la vía ejecutiva que permita el cobro.
Según explica la presentación, “la factura cuya notificación judicial se solicita, fue debidamente recibida por la deudora, sin que se haya presentado reclamo alguno en contra de ella” por lo que “en consecuencia, se debe tener por irrevocablemente aceptada”.
Vinko Fodich, abogado del comerciante, detalló que “estos servicios que fueron prestados no han sido pagados por la senadora, ni siquiera después de haber obtenido su devolución por parte del Servicio Electoral. Por tal motivo, hemos iniciado una demanda de cobro ejecutivo por la factura”.
En negación
En respuesta a una serie consultas específicas de Bío Bío Investiga, la senadora se limitó a emitir una breve declaración en la que niega “categóricamente haber instruido la contratación de los servicios que se señalan”.
“No existe orden de compra, guía de despacho ni antecedente alguno que acredite una solicitud o contratación realizada por mi parte. Estos hechos serán debidamente esclarecidos y acreditados ante los tribunales de justicia, instancia en la que ejerceré plenamente mi derecho a defensa”, aseveró.
Pese a todo, no detalló porqué los insumos sí fueron retirados por su equipo.
Como sea, será la justicia la que deberá determinar la legitimidad del cobro que intenta forzar la imprenta.
Frente a consultas de este medio, desde el Servicio Electoral (Servel) explicaron que la legislación vigente considera como gasto electoral todas aquellas erogaciones realizadas durante el período de campaña, con independencia de cuándo hayan sido contratadas o pagadas. En ese sentido, el organismo precisó que la existencia de obligaciones pendientes de pago no impide que estas deban ser tratadas como gastos de campaña para efectos de rendición y fiscalización.
Asimismo, la institución recordó que la ley también regula el financiamiento privado de las campañas, comprendiendo no solo aportes en dinero, sino también cualquier contribución susceptible de ser valorizada económicamente. Esto incluye bienes, servicios o beneficios entregados de manera gratuita que tengan por finalidad solventar actividades o gastos electorales.
En su respuesta, el Servel enfatizó que tanto los gastos como las contribuciones destinadas a financiarlos están sometidos a las normas de control, rendición y fiscalización contempladas en la Ley N.º 19.884. Añadió que las revisiones se realizan sobre la base de la información proporcionada por las candidaturas, aunque ello no limita sus facultades para examinar nuevos antecedentes que pudieran surgir con posterioridad.
La entidad también señaló que, si aparecen antecedentes sobre eventuales irregularidades o hechos que no hayan sido informados oportunamente, mantiene la posibilidad de revisarlos mientras las eventuales infracciones o delitos electorales no se encuentren prescritos. No obstante, aclaró que cada situación debe analizarse individualmente y a través de los procedimientos institucionales correspondientes.
Consultado sobre casos específicos, el Servel indicó que “cualquier persona que cuente con antecedentes puede ingresar la denuncia respectiva a través de los canales oficiales del Servicio Electoral”, agregando que “no corresponde emitir un pronunciamiento sobre situaciones particulares fuera de los procedimientos establecidos para ello”.
