El Partido Republicano (REP) llamó a las autoridades a no ensuciarse las manos y tener resguardo con sus opiniones, tras conocer la querella en contra de la seremi de Justicia de La Araucanía, Stephanie Caminondo, debido a las irregularidades detectadas en un fondo por cerca de $9 mil millones que financió el Gobierno Regional (GORE).
Una acción legal que incluye a un total de 10 personas y que ingresó el gobernador, René Saffirio, debido a una serie de anomalías en el programa de Reactivación Económica de la Agencia de Desarrollo Productivo entre 2022 y 2023.
En particular, la querella en contra de la seremi es por el delito de prevaricación de abogados, ya que, según el Gobierno Regional, la exasesora jurídica de la Corporación tenía la obligación de efectuar el control legal de los actos de la entidad.
Al respecto, el presidente del Partido Republicano en La Araucanía, Héctor Urban, dijo que cuando hay denuncias, las instituciones tienen que operar.
“Si hay una denuncia, que operen las instituciones que corresponden y, si hay algo a lo cual atenerse o tener que responder ante los estamentos que correspondan, hay que hacerse responsable”, dijo.
A sus dichos, agregó que “las autoridades cumplan su labor como tienen que ser. No se ensucien las manos, no vale la pena. Aquí estamos para entregar un trabajo para el país, para la nación y no para beneficio propio”.
Sobre esto también se pronunció el diputado de la tienda, Cristian Neira, quien se manifestó con cautela llamando a los representantes políticos a tomar resguardo con sus opiniones para no contaminar los procesos.
“Llamo a las diferentes personas representantes políticos a tomar resguardo respecto de sus opiniones. Lo más importante hoy día es que se haga una investigación seria donde no se contamine por medio de algunas palabras, algunas autoridades”, sostuvo.
Junto con ello, el parlamentario recordó el apoyo que realizó el Gobierno a Caminondo, reconociendo que hace tiempo que conoce a la autoridad, pero que es importante que la Fiscalía y los Tribunales determinen las eventuales responsabilidades.
En la querella del GORE se explica que Caminondo también participó como integrante de la comisión que seleccionó los proyectos que se beneficiaron con los recursos de la agencia, indicando que la gravedad radica en que muchos de estos no cumplían con los requisitos establecidos en las bases del concurso.
Afirman que la exasesora jurídica era la responsable de un control jurídico riguroso, pero que omisiones habrían permitido que empresarios resultaran favorecidos.
