La Pesquera Alimentos Marinos (ALIMAR) demanda por más de 140 millones de dólares al Estado de Chile a raíz de la Ley de Fraccionamiento Pesquero. Afirman que el perjuicio económico se extenderá hasta 2040.
Alimentos Marinos presentó una demanda civil en contra del Estado de Chile solicitando una compensación que supera los 140 millones de dólares por el perjuicio económico que genera la aplicación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero para la compañía, que tiene operaciones en Lota, Coronel y Talcahuano.
ALIMAR acusa pérdida de derechos adquiridos
La pesquera acusa que renunció a sus permisos de pesca a cambio de licencias transables de pesca y con ello los ajustes patrimoniales y operacionales realizados sobre la base de reglas del sistema vigente desde 2013, promovido por el Estado.
El abogado de ALIMAR, Tomás Menchaca, explicó que la renuncia de los permisos de pesca a cambio de una licencia transable de pesca le garantizaba determinados derechos a lo menos hasta 2032, entre ellos “el derecho a una determinada participación en la cuota anual de captura”.
No obstante, según afirmó, antes de que venciera el plazo, el 1 de enero de 2026, “la ley de fraccionamiento le quitó parte de esos derechos adquiridos”.
En ese contexto, el nuevo esquema de fraccionamiento pesquero “modificó la distribución de cuotas entre los sectores industrial y artesanal, reduciendo la participación industrial de la empresa en distintas pesquerías estratégicas para su operación”.
Por lo anteriormente expuesto, la empresa considera que, al existir cambios en las políticas públicas que generan impactos patrimoniales, debe haber “mecanismos de compensación”.
Indemnización por perjuicios económicos
El abogado enfatizó que la ley redujo el fraccionamiento hasta 2040; por tanto, la demanda de ALIMAR considera los perjuicios hasta esa fecha. “Cuando a alguien se le priva de un bien que es de su propiedad, aunque haya razones de interés público, es evidente que debe ser indemnizado y así lo establece la Constitución“, añadió.
La demanda se encuentra en tramitación en el Tercer Juzgado Civil de Santiago y se trata de la cuarta acción civil por parte de una pesquera en la región del Bío Bío. Anteriormente lo hicieron Landes, Camanchaca y Foodcorp.
