El exdiputado y expresidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (Partido Radical), volvió a poner sobre la mesa los antecedentes que recopiló en 2025 tras fiscalizar un vuelo privado procedente de Haití. Su declaración surge en medio de la investigación por el ingreso de cientos de niños haitianos al país, un fenómeno cuya magnitud real, según afirmó, superaría con creces las cifras oficiales conocidas hasta ahora.
“Nos quedamos cortos con las cifras, no son 200. Por lo menos, por cada chárter que llegaba, ingresaban 100 niños”, aseguró el exparlamentario, quien recordó que en octubre de 2025 acudió al aeropuerto para inspeccionar una aeronave que presentaba serias inconsistencias en la información de sus pasajeros y propietarios.
Oyarzo sostuvo que los antecedentes de dicha fiscalización fueron remitidos oportunamente a la Contraloría y destacó el rol del organismo fiscalizador. “Si no fuera por el trabajo que hizo la contralora, hoy no estaríamos hablando de este tema”, resaltó.
Oyarzo revela advertencias desoídas de 2025
El exdiputado Oyarzo recordó que en abril de 2025, bajo su gestión en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, se citó a una sesión especial para abordar el ingreso de niños haitianos a través del programa de reunificación familiar.
A esa instancia comparecieron el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Ojeda; la prefecta de la PDI, Consuelo Peña; y el entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde. En ese momento, las autoridades aseguraron que los procedimientos se ajustaban estrictamente a la normativa.
“Dijeron que todo estaba en forma correcta, pero hoy vemos que no era así”, manifestó Oyarzo, añadiendo que una situación similar se replicó en la sesión del Senado realizada este miércoles, donde representantes de la DGAC, Interior y la PDI insistieron en que “estaba todo correcto”.
Oyarzo por caso de niños haitianos: “Lo primordial es saber dónde están”
Pese a la gravedad de las denuncias, Oyarzo valoró las medidas adoptadas por el Ejecutivo y la creación de una fuerza de tarea para abordar el caso. “El Gobierno está actuando de forma correcta. Espero que la Fiscalía haga justicia; si se cometieron horrores o errores, que salga todo a la luz pública y caiga quien caiga”, expresó.
Sin embargo, enfatizó que la máxima urgencia debe centrarse en el paradero de los menores. “La preocupación primordial es saber dónde están los niños. El Estado tiene que resguardar sus derechos; eso es lo principal”, sostuvo, junto con exigir que se profundicen las indagatorias para determinar eventuales responsabilidades políticas y penales.
Al ser consultado por los criterios de flexibilidad impulsados en su momento por el Servicio Nacional de Migraciones —liderado entonces por Luis Thayer—, Oyarzo admitió haber respaldado gestiones solicitadas por la Embajada de Haití debido a la severa crisis humanitaria que vivían los haitianos.
“Participé en el grupo de amistad con la Embajada de Haití y nos pidieron flexibilizar por la crisis. Yo firmé junto a varios diputados”, reconoció. No obstante, marcó una línea clara entre la ayuda humanitaria y la ilegalidad.
“Una cosa es facilitar trámites migratorios y otra muy distinta cometer actos de corrupción, falsificar información y permitir el ingreso de niños sin papeles. Aquí se cometieron muchas irregularidades y delitos”, sentenció.
En esa línea, el exlegislador acusó que se vulneró la Ley de Migraciones (N° 21.325) y específicamente su artículo 28, exigiendo llevar la investigación “hasta las últimas consecuencias”.
Mulet respalda fuerza de tarea: “Esta situación es una brutalidad”
Por su parte, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) valoró la conformación de la fuerza de tarea gubernamental y la convocatoria a los tres poderes del Estado para esclarecer el ingreso de los menores en vuelos privados.
“Me parece bien, hay que hacer todo lo posible por investigar a fondo y buscar a los niños que no aparecen. Eso es fundamental. Cualquier política pública o gestión del Estado está supeditada al interés superior del niño”, afirmó Mulet, calificando los hechos descritos como “muy extraños y dolorosos”.
El parlamentario respaldó la coordinación institucional promovida por el Ejecutivo y enfatizó que, de comprobarse anomalías, se debe aplicar el máximo rigor de la ley. “Si se cometieron errores u horrores, sancionar a los responsables administrativos o penales es clave. Esta situación es realmente una brutalidad”, fustigó.
