El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, agrupadas en una sola investigación, y determinó que el tribunal competente para continuar con la causa es el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
La decisión fue adoptada luego de una audiencia convocada para resolver la competencia del tribunal en esta investigación, donde la Fiscalía presentó una acusación por doce delitos de fraude al fisco y dos de lavado de activos.
La causa había sido derivada a Santiago por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en mayo de este año, resolución que en su momento fue cuestionada por el Ministerio Público.
Primer delito se habría ejecutado en Antofagasta
Para resolver el conflicto, la jueza Estefanía Asenjo Arellano aplicó las normas del Código Orgánico de Tribunales, las que establecen que, cuando se investigan de manera conjunta varios hechos, la competencia corresponde al tribunal del lugar donde se inicia la ejecución del primer delito.
En ese análisis, la magistrada concluyó que el primer acto que dio inicio a la ejecución del presunto fraude al fisco ocurrió el 1 de julio de 2022, con la suscripción de un convenio entre la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo).
Debido a que dicho convenio fue celebrado en Antofagasta, el tribunal estimó que esa ciudad fija la competencia territorial para continuar con la investigación.
Corte de Apelaciones deberá resolver eventual contienda
En su resolución, el Octavo Juzgado de Garantía acogió la postura de la Fiscalía Regional de Antofagasta y ordenó devolver los antecedentes a la Corte de Apelaciones de esa ciudad para que determine si mantiene su decisión de remitir el caso a Santiago.
Si el tribunal de alzada insiste en derivar la causa al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, se generará una contienda de competencia que deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
La investigación reúne las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del denominado Caso Convenios, en las que la Fiscalía acusa presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos y mantiene cargos por fraude al fisco y lavado de activos.
